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El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para defender los derechos de los usuarios de telecomunicaciones

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Estas medidas forman parte del Plan de Mejora de Atención a los Usuarios de Telecomunicaciones y se engloban en tres bloques: regulatorias, de calidad y de inspección.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto por el que se establecen medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas. Estas medidas forman parte del Plan de Mejora de Atención a los Usuarios de Telecomunicaciones y se engloban en tres bloques: regulatorias, de calidad y de inspección.

En el apartado de medidas regulatorias, el Ministerio de Industria recuerda que el 9 de mayo del año pasado se aprobó la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, que “reforzó la potestad inspectora y sancionadora con especial relevancia a aquellas asociadas a los incumplimientos en la normativa de usuarios, elevándose las cuantías máximas de las sanciones de 500.000 euros a 2.000.000 euros”.

El Consejo ha aprobado el primero de los reglamentos de dicha Ley que busca reforzar la protección de los usuarios frente al tráfico irregular. “Esta normativa permitirá evitar prácticas fraudulentas que perjudican económicamente a los usuarios, como podría ser que se produzcan llamadas automáticas desde los terminales móviles por tener instalada alguna aplicación que las genere sin el consentimiento de los usuarios”. Los operadores podrán bloquear las llamadas fraudulentas y no tendrán que pagar por la interconexión que se deriven de las llamadas realizadas de modo fraudulento.

En cuanto a las medidas de inspección, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha realizado una serie de inspecciones para detectar irregularidades. Las investigaciones se han centrado en el desglose de las facturas (las operadoras tienen que indicar la parte que se paga al operador de telefonía y la que se retribuye al prestador del servicio), en conocer si en la factura figura la identificación del prestador del servicio y en comprobar si cada vez que un ciudadano realiza una llamada a una línea telefónica con prefijo 803 - 806 - 807 y 905 escucha una locución verbal que le informa sobre el precio de la misma y el responsable del servicio.

Otros aspectos objeto de inspección han sido los relativos a los servicios de información sobre números de teléfono ‘118’.

En 2015 también ha investigado si los operadores cumplen con la normativa en materias como las bajas o la comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de facturación.

Como resultado de estas investigaciones, se han abierto 13 expedientes sancionadores a operadores por incumplimiento de la normativa de los servicios de tarificación adicional.

Redacción

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