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La Comisión investiga a varias empresas por supuestas prácticas de e-commerce ilegales

  • Actualidad

Comisión Europea

Este organismo intenta aclarar si algunas experiencias de venta online limitan la libertad de elección transfronteriza de los consumidores a la hora de comprar productos electrónicos de consumo y videojuegos y de contratar estancias hoteleras.

La Comisión Europea ha abierto tres expedientes de investigación separados para esclarecer si determinadas prácticas de venta en línea impiden a los consumidores, en infracción de las normas antimonopolio de la UE, ejercer su libertad de elección de un modo transfronterizo a la hora de comprar productos electrónicos de consumo y videojuegos y de contratar estancias hoteleras a precios competitivos. En palabras de comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, “el comercio electrónico debe ofrecer a los consumidores una oferta más variada de bienes y servicios, amén de la oportunidad de efectuar compras transfronterizas”, afirma.

En concreto, la Comisión está investigando si Asus, Denon & Marantz, Philips y Pioneer han quebrantado las normas de competencia de la UE al restringir la capacidad de los vendedores en línea a la hora de fijar sus propios precios para productos electrónicos de consumo de uso muy corriente como electrodomésticos, ordenadores portátiles y productos de alta fidelidad. El efecto de estas supuestas restricciones de los precios podría agravarse debido a la utilización, por parte de muchos vendedores en línea, de software de fijación de precios que adapta automáticamente los precios de venta a los de los principales competidores. Como consecuencia de todo esto, el comportamiento analizado podría haber tenido un mayor impacto en los precios generales en línea de los correspondientes productos de electrónica de consumo.

Por otro lado, la Comisión también está investigando los acuerdos bilaterales firmados entre Valve Corporation, propietaria de la plataforma de distribución de juegos Steam, y cinco desarrolladoras de videojuegos: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media y ZeniMax. La investigación centra el objetivo en las prácticas de bloqueo geográfico merced a las cuales las empresas impiden a los consumidores comprar contenidos digitales (en este caso videojuegos para ordenadores personales), en razón de la ubicación o el país de residencia de los consumidores.

En este sentido, la investigación se centra en determinar si los acuerdos controvertidos requieren o han requerido en algún momento el uso de claves de activación con fines de bloqueo geográfico. Concretamente, una clave de activación puede limitar exclusivamente a los consumidores de un Estado miembro concreto de la UE el acceso a un juego que se haya comprado. Esta práctica puede constituir una infracción de las normas de competencia de la UE al reducir la competencia transfronteriza como consecuencia de la restricción del llamado “comercio paralelo” dentro del mercado único, e impedir a los consumidores comprar juegos más baratos que puedan estar disponibles en otros Estados miembros.

Y finalmente, la Comisión también está investigando ciertos acuerdos sobre servicios de alojamiento hotelero celebrados entre los principales operadores turísticos europeos, por una parte (Kuoni, REWE, Thomas Cook y TUI), y determinados hoteles, por otra (Hoteles Meliá). La Comisión acoge favorablemente la iniciativa de los hoteles para desarrollar e introducir mecanismos innovadores de fijación de precios que maximicen la ocupación de las habitaciones, pero ni los hoteles ni los operadores turísticos pueden discriminar a los clientes en función de su ubicación. Según este organismo, tal situación podría vulnerar las normas de competencia de la UE al impedir que los consumidores reserven plazas hoteleras en las mejores condiciones ofertadas por los operadores turísticos en otros Estados miembros, debido simplemente a su nacionalidad o su localidad de residencia. Podría dar lugar, además, a la compartimentación del mercado único.

En definitiva, tal y como resume Vestager, “estamos analizando si esas empresas están contraviniendo las normas de competencia de la UE al aplicar una restricción desleal de los precios de venta al público o al excluir a los consumidores de algunas ofertas por mor de su nacionalidad o ubicación”, confirma.

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