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El 54% de las empresas, víctimas de delitos económicos en los últimos dos años

  • Seguridad

Fraude, Seguridad, Banca

Según PwC, más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de algún delito económico en los últimos dos años El fraude, en cualquiera de sus categorías y, en especial, el cibercrimen, ha derivado en nuevas amenazas que afectan a todas nuestras organizaciones, como consecuencia de la rapidez con la que evoluciona la tecnología y difícil que es hallar el equilibrio entre la oportunidad y el riesgo que conlleva.

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Más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de algún fraude o delito económico en los últimos dos años, según una encuesta mundial sobre el tema, que cada dos años elabora PwC a partir de la opinión de más de 7.000 compañías en todo el mundo.

De ella se desprende que, concretamente, 54% de las empresas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos 24 meses, un porcentaje que está en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%). 

Desde 2009, el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido casi veinte puntos –del 35% al 54%-. Este incremento tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y, paradójicamente, con una mayor implantación y efectividad de los mecanismos de detección y la creciente preocupación en las organizaciones por el fraude económico.

Fraudes más frecuentes
La apropiación indebida de activos es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas españolas seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable, y el ciberfraude. Según el documento de PwC, los encuestados consideran que los delitos derivados de los ciberataques van a ir ganando peso significativamente durante los próximos dos años y aumentando tanto en número como en impacto en las organizaciones.

El documento revela que los daños para las empresas víctimas de delitos económicos son múltiples. Por un lado, están los costes económicos directos. En España, por ejemplo, el 32% de los encuestados en el estudio asegura haber tenido pérdidas de entre 100.000 y un millón de dólares como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años; y un 34% eleva estas pérdidas por encima del millón dólares. Por otro, están los costes indirectos -abogados, investigaciones internas, externas, etc.-, cuya cuantía aunque inferior es significativa. Y, por último, están los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados.

En las empresas españolas, el 50% de los fraudes que se producen son cometidos por alguna persona de dentro de la organización, mientras que un 33% vienen de fuera de la compañía.

El informe concluye que, en los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas han aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años. Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la encuesta de 2016 declararon tener implantado el correspondiente programa.

Sin estrategias de prevención
Sin embargo, a pesar de este aumento de la inversión, muchas compañías carecen todavía de una estrategia de prevención y detección del delito económico. En España, por ejemplo, una de cada diez empresas reconoce que, en los últimos dos años, no ha realizado ningún tipo de revisión ni de evaluación de su exposición al riesgo de comisión de delitos económicos.

Según Javier López Andreo, socio responsable de Forensic en PwC, “en este contexto económico y tecnológico, y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su repercusión, es indispensable seguir desarrollando medidas de prevención que eviten los daños y minimicen la presencia de los delitos económicos en las organizaciones. La utilización de técnicas de detección de fraude basadas en tecnologías de análisis predictivo de datos está siendo cada vez más relevante en la prevención y detección de delitos económicos”.