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La CNMC amplía la investigación a las empresas de consultoría: ya son 36

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Consultoría

La CNMC informó este viernes que ha ampliado la incoación en el expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a once empresas y dos directivos. En febrero abrió formalmente el procedimiento con 25 empresas y ahora ya son 36, tras nuevas inspecciones que llevó en cabo en julio.

En un nuevo comunicado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que, dentro del procedimiento abierto el pasado mes de febrero, la investigación se amplía a once compañías más. 

Como ya informamos en ese momento, la incoación del expediente sancionador se dirigió a 25 empresas y 8 de sus directivos. El motivo son posibles prácticas anticompetitivas, que podrían ser contrarias a los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistentes en un reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones, principalmente públicas, en gran parte del territorio nacional.

La investigación se ha ampliado, “a la vista de la documentación obtenida durante la instrucción, y de la información obtenida en las últimas inspecciones realizadas”, y las nuevas empresas son Everis Spain, Factor Ideas Integral Services, Gaps Politica i Societat, The City Transformation Agency, S.L., Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L., Indra Business Consulting, KPMG Asesores y Uliker. Además, las actuaciones se dirigirán a dos directivos de la empresa previamente incoada Pa Consulting Surcursal España, por una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 101 del TFUE.

Entre las 25 empresas investigadas se encuentran algunas tan importantes como Deloitte Consulting, PricewaterhouseCoopers, Indra Sistemas o T-Systems y, en esa primera tanda, también fuero incoados ocho directivos de algunas de las empresas.

En su comunicado, el organismo de competencia recuerda a las partes el “deber de reserva y confidencialidad” al que están obligadas para proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador y que “la ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación. Se mantiene vigente el periodo máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente”.

En todo caso, si la investigación llega a confirmar los hechos, se trataría de una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

“La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados”, explica el organismo.

El comunicado también menciona el “Programa de Clemencia” de la CNMC que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten al organismo su detección. Asimismo, puede suponer una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo relacionada con una investigación ya iniciada.