Aprobada en el Congreso la Ley General de Telecomunicaciones

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones superó este jueves su tramitación parlamentaria con un amplio consenso. La normativa tiene como objetivo regular las telecomunicaciones, y comprende "la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación". 

La nueva LGTel ha sido aprobada con la votación de las enmiendas incorporadas por el Senado, entre las que destaca la universalización del acceso a Internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100Mbps en sentido descendente y a precios asequibles.

Además, con su aprobación ha quedado transpuesto el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, de diciembre de 2018, Así, España continúa avanzando hacia la creación de un marco jurídico más armonizado a nivel de la UE, que incentive la inversión, la innovación y la competitividad de los negocios.

La valoración de DigitalES
La Asociación Española para la Digitalización, que aglutina a las principales operadoras de telecomunicaciones del país, ha valorado positivamente las mejoras de la nueva ley dirigidas a la agilización de los permisos de despliegues y a la mejor coordinación entre administraciones públicas.

A juicio de esta patronal, la nueva ley “será fundamental” para la consolidación de España como un país puntero en conectividad de alta y muy alta capacidad y, en última instancia, para el fomento de una recuperación económica apoyada en la digitalización.

El texto presenta un claro carácter continuista con respecto a la anterior LGTel, lo cual refrenda el impacto positivo de ésta sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado español de telecomunicaciones. No en vano, según DigitalES las redes de comunicaciones electrónicas que hacen posible la conectividad constituyen una de las grandes ventajas competitivas de España ante el creciente peso de la digitalización sobre el desarrollo estratégico de los territorios. Sobre esa base, se espera que la nueva ley traiga mejoras en lo respectivo al impulso de la inversión en redes, profundiza en la eliminación de las barreras a los despliegues y la dotación de una mayor seguridad jurídica al sector, en un contexto de fuerte convergencia y proliferación de nuevos servicios digitales.

DigitalES asegura en un comunicado que serán muy positivas las medidas para agilizar los mecanismos de colaboración entre administraciones públicas, como la próxima creación de una Comisión Interministerial para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, y apremia a su puesta en marcha efectiva a la mayor brevedad posible para impulsar una reducción y simplificación de los plazos y los trámites administrativos asociados al despliegue.

En el ámbito de la protección de los consumidores, y para garantizar los derechos de los usuarios, los operadores siguen siendo pioneros a la hora de soportar unas obligaciones diferenciales que ni existen en otros sectores ni aplican a otros prestadores de servicios digitales. En este sentido, y dado el retraso sufrido en la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, DigitalES apunta la conveniencia de ampliar algunos de los plazos establecidos en el Proyecto de Ley para aspectos como, entre otros, la adaptación de los contratos de los consumidores.

De cara a próximos procesos legislativos, la asociación insta al Gobierno a seguir dando pasos hacia un ‘level playing field’, es decir, un marco jurídico que contemple de manera más directa y con las mismas obligaciones a todos los actores que presten los mismos servicios en el ecosistema digital.