Luz verde de Bruselas al plan español de ayudas públicas para redes 5G en zonas rurales

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan español de concesión de ayudas por valor de 680 millones de euros para desplegar equipos e infraestructura para redes independientes 5G de alto rendimiento en zonas rurales desatendidas.

Concluye que se trata de un régimen de ayudas para "para atender las necesidades de ciudadanos y empresas en el contexto de la digitalización del país" y que "contribuye a los objetivos estratégicos de la UE relacionados con la transición digital".

El plan se financiará en su totalidad a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, tras la evaluación positiva de la Comisión (y su aprobación por el Consejo) del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que incluye importantes proyectos de inversión en el sector de las comunicaciones electrónicas incluyendo el despliegue de redes móviles de altas prestaciones.

Financiará el despliegue de equipos e infraestructura para el despliegue de redes independientes 5G y la provisión de servicios independientes 5G de banda ancha móvil, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps, respectivamente. Las áreas españolas en cuestión tienen menos de 10.000 habitantes, y no hay inversión actual ni prevista en redes 4G que proporcionen velocidades de descarga de al menos 50 Mbps.

La ayuda puede concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento a más tardar en febrero de 2026, y tendrán la forma de subvenciones directas a operadores de comunicaciones electrónicas. Los beneficiarios serán seleccionados sobre la base de un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario será igual al 90% de los costes subvencionables.

La Comisión ha concluido que el régimen propuesto por España es necesario, que tendrá un efecto incentivador, que cuenta con garantías suficientes para garantizar que se limitan las distorsiones indebidas de la competencia y que la ayuda no afecta negativamente a condiciones comerciales contrarias al interés común.