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Aumentan las inversiones en TIC del sector público

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Inversión

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos para el sector público ha dinamizado el número de licitaciones, que han crecido un 200% y, con ello, la inversión en tecnología, según el último informe al respecto de AdjudicacionesTIC.

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La inversión total durante el primer semestre de 2018 ha sido de más de 1.394 millones de euros para un total de 3.600 adjudicaciones, según la plataforma de análisis y consultoría.

Los organismos que destacaron a la hora de invertir estos primeros meses fueron la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (82.119.803 euros); la Sociedad Informática del Gobierno Vasco –EJIE– (46.341.681 euros); el Ministerio de Justicia (43.318.584 euros); la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Valencia (41.462.820 euros); la AEAT (41.186.301 euros); Red.es (35.561.391 euros), y el SEPE (35.122.689 euros).

Por su parte, los licitadores más importantes durante el período han sido Telefónica, con 105 proyectos por un importe de 138.522.394 euros; Indra, con 81 proyectos por un valor de 56.414.650 euros; e Iecisa con 95 proyectos por un importe de 56.302.428 euros.

Ley de Contratos para el sector público
AdjudicacionesTIC dice que ha sido un periodo especialmente interesante “por el hecho de que haya entrado en vigor la Ley de Contratos para el Sector Público”.

En este sentido, destaca que hasta el día previo a la entrada en vigor de la nueva ley el pasado 9 de marzo, se licitaron 2.079 proyectos, lo que significa casi un 200% más que en el mismo período del año 2017, en el que “sólo” se licitaron 716. De la misma manera, los proyectos licitados durante la primera mitad de 2018 han supuesto una inversión pública positiva de 78 millones de euros más que en los seis primeros meses de 2017.

Según Ismael Moreno, socio director de AdjudicacionesTIC, “la entrada en vigor de la Ley de Contratos Públicos el pasado 9 de marzo ha marcado, sin duda, las licitaciones de esta primera mitad del año”, “La nueva legislación ha dinamizado el mercado y ha supuesto un cambio en la filosofía de contratación y de relación con la Administración, ya que se elimina la premisa de la oferta más económica para potenciar la calidad como criterio de adjudicación”.