La administración pública refuerza su papel como motor de la consultoría tecnológica
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El crecimiento sostenido de la demanda de servicios por parte del sector público refleja la creciente relevancia de la digitalización en la gestión administrativa, el papel estratégico de la colaboración con consultoras y la necesidad de adaptar el marco normativo.
Los ingresos de la consultoría procedentes de las administraciones públicas han aumentado un 80,6% desde 2020, en un contexto marcado por la intensificación de los procesos de digitalización del sector público tras la pandemia.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha presentado estos datos en un encuentro informativo celebrado en Madrid. Con la información más reciente disponible, y a la espera del próximo informe anual del sector, la Administración se consolida como el segundo mayor contratante de servicios de consultoría tecnológica en España, solo por detrás del sector financiero.
Entre 2020 y 2024, los ingresos de las consultoras procedentes del ámbito público pasaron de 2.093 a 3.781 millones de euros. En el conjunto del sector, la consultoría alcanzó unos ingresos totales de 21.982 millones de euros, de los cuales la Administración representó el 17,2%, frente al 14,4% registrado anteriormente. Las previsiones apuntan a que este peso continúe aumentando.
Por tipo de Administración, las comunidades autónomas concentraron el 55,1% de las licitaciones relacionadas con consultoría tecnológica, seguidas de la Administración General del Estado con el 36,6% y los ayuntamientos con el 10,3%.
José María Beneyto, presidente de la AEC, ha subrayado que la consultoría tecnológica resulta esencial para la modernización de las administraciones públicas y de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. A su juicio, la colaboración con empresas consultoras constituye una vía eficaz para reforzar las capacidades del sector público y de sus profesionales.
No obstante, durante el encuentro también se señalaron limitaciones en el marco normativo que dificultan la adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, se plantea la necesidad de revisar la Ley de Contratos del Sector Público para dotarla de mayor agilidad y flexibilidad, ya que su diseño responde a modelos de adquisición tradicionales y no se ajusta a servicios tecnológicos complejos y en constante evolución, como el big data, la inteligencia artificial, el cloud computing o la ciberseguridad.
El sector considera prioritario avanzar hacia procesos administrativos más ágiles y otorgar mayor peso a los criterios de calidad frente al precio en la contratación pública.
Estrategia digital y visión de futuro
El encuentro contó también con la participación de Fernando de Pablo, director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, quien presentó una nueva estrategia digital con horizonte 2030. Según explicó, el objetivo es ofrecer servicios públicos más simples, accesibles y proactivos, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial y nuevos canales de interacción.
Asimismo, destacó que, más allá de los posicionamientos en rankings internacionales, el verdadero indicador del avance digital reside en el impacto real sobre la ciudadanía. En este contexto, subrayó la importancia de favorecer la innovación y reducir la fragmentación en el ámbito europeo, manteniendo el equilibrio con los valores que caracterizan a las instituciones.
Para concluir, se puso en valor el papel estratégico de las consultoras tecnológicas como aliadas clave en la evolución y modernización de las Administraciones públicas.
