Un análisis exhaustivo y matizado de los límites normativos y doctrinales que condicionan el acceso efectivo al recurso especial en materia de contratación pública, entre la proclamada amplitud legal y la restrictiva interpretación de los tribunales administrativos.

De la prohibición general de referencias a marcas, procedencias y especificaciones restrictivas en la contratación pública y su admisión excepcional bajo estricta motivación, proporcionalidad y garantía de equivalencia conforme al artículo 126.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El desistimiento en la contratación pública exige causas objetivas e insubsanables, debidamente motivadas y no previstas en los pliegos. La jurisprudencia administrativa rechaza su uso cuando las modificaciones eran previsibles y estaban contempladas en la documentación contractual.

Análisis del concepto de prestación adicional frente a la mejora cualitativa, a la luz del artículo 145.7 de la Ley de Contratos del Sector Público y de la doctrina reciente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los tribunales administrativos autonómicos.

El Tribunal Supremo corrige la doctrina restrictiva sobre la legitimación activa y refuerza los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y aplicación real de las fórmulas de valoración en los procedimientos de contratación pública.

El alcance de la legitimación activa de las organizaciones sindicales en el recurso especial en materia de contratación pública y su interpretación restrictiva por los tribunales administrativos de contratación.

La potestad sancionadora de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en la interposición del recurso especial: análisis del concepto de temeridad y su diferenciación con la mala fe a la luz de la Resolución 681/2025 del TARCJA y del artículo 58.2 de la LCSP.

La importancia del artículo 44.3 LCSP y los límites reales del Recurso Especial en Materia de Contratación o cómo la LCSP permite corregir defectos en la licitación más allá del recurso especial.

La ciberseguridad no se impone: se cultiva. Reinventar la seguridad empieza por replantearnos a las personas.

El reto no es solo implantar tecnología, sino garantizar que esa tecnología esté alineada con los valores estratégicos de la Unión Europea: interoperabilidad, protección de datos, transparencia y resiliencia digital.

La transición digital ofrece a las autoridades locales una oportunidad clave, que, sin embargo, solo puede ser sostenible sobre una base de ciberseguridad sólida, integrada desde el diseño, con capacidades internas reforzadas y apoyo experto.

El pliego de cláusulas administrativas particulares es un documento de carácter jurídico que recoge las normas de tramitación del procedimiento para la adjudicación del contrato, así como las normas que aplicaran a la ejecución del mismo.

Este texto se centra en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca del abono de intereses de demora por las obras recibidas y ocupadas por la Administración no previstas en el proyecto de obra.

Se considera fraccionamiento de contratos públicos la división en dos o más contratos de aquellas prestaciones que, según su naturaleza, podrían agruparse bajo uno único, llevando aparejada, en la mayoría de los casos, la intención de eludir la aplicación de las normas procedimentales.

En los anuncios de licitación de los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, debe hacerse referencia a la Disposición adicional cuarta de la LCSP.

La solvencia técnica se refiere a la capacidad y competencia de un empresario para la ejecución de un contrato determinado, acreditada mediante la posesión de conocimientos técnicos especializados.

Es importante que las resoluciones de adjudicación contengan una exposición resumida de las razones por las que se han excluido y/o descartado ciertas ofertas, así como las razones por las que se determina adjudicar el contrato el licitador seleccionado.

Es bastante frecuente en la operativa de contratación pública la necesidad de corregir o dar marcha atrás en los procedimientos de licitación, en aquellos supuestos en los que los órganos de contratación advierten de errores en la configuración de los pliegos, una vez el expediente se encuentra publicado y en tramitación.

En estos últimos años se han suscitado diversas polémicas, recursos, litigios y consultas a órganos consultivos relacionadas con la subida de los costes en los contratos del sector público, y es por ello que con esta tribuna pretendo desvelar, o mejor dicho, aclarar las conclusiones de todo lo acaecido al respecto, y no solo en cuan...

La Ley de Contratos del Sector Público prevé en su artículo 75 la posibilidad de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria basándose en la de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del co...