La doctrina de los tribunales de recursos contractuales distingue entre los errores formales del DEUC y las contradicciones que pretenden incorporar extemporáneamente requisitos de aptitud o modificar elementos esenciales de la proposición, cuya subsanación no resulta admisible.

La reducción del plazo de redacción de un proyecto puede valorarse como criterio cualitativo en la contratación pública cuando responde a una necesidad objetiva del contrato, permite aprovechar la financiación disponible y mejora la eficacia de la actuación.

La reforma europea de la contratación pública abre nuevas posibilidades para simplificar procedimientos y automatizar decisiones administrativas, pero la selección algorítmica de las empresas plantea interrogantes sobre la libre concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia y el control jurídico.

La reciente doctrina de los tribunales de contratación sobre la naturaleza jurídica del Esquema Nacional de Seguridad, unida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las habilitaciones empresariales, plantea importantes interrogantes sobre los requisitos que deben cumplir las empresas que concurren conjuntamente a una licitaci...

Los tribunales de lo contencioso-administrativo comienzan a aplicar la doctrina europea y del Tribunal Supremo que limita la utilización generalizada del plazo de 60 días para el pago de facturas en los contratos públicos.

La JCCPE delimita cuándo y cómo debe acreditarse la disponibilidad del personal comprometido y diferencia entre medios propios, medios externos y requisitos de ejecución.

El alcance de los límites a la adjudicación por lotes y su incidencia en la legitimación para recurrir centran el análisis de la aplicación de los artículos 99.4 y 48 de la LCSP, a la luz de la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La inteligencia artificial en la contratación pública: ¿pueden las suscripciones a plataformas con IA acogerse al régimen especial de bases de datos o deben someterse al régimen general?

La personalidad jurídica de las sociedades en un grupo de empresas y los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público para la integración de la solvencia económica.

La interpretación de las modificaciones al alza y a la baja, el límite conjunto del 50% y la base de cálculo centran el análisis de la aplicación del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público.

A propósito de la Resolución TACRC 1106/2026, de 25 de junio (Recurso 78/2026, Pleno).

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye que la exclusión de una UTE por un defecto en la firma electrónica del DEUC no resulta proporcionada cuando los pliegos y el requerimiento de subsanación no describen con claridad las exigencias técnicas ni orientan adecuadamente su corrección.

A propósito de la STS 744/2026, de 15 de junio (rec. 9117/2024; Roj: STS 2604/2026).

La eficacia del recurso especial en materia de contratación depende del cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que su incumplimiento vulnera la legalidad y puede dejar sin protección a los licitadores.

El Supremo delimita cuándo un contrato público puede quedar sujeto a TPO y descarta que el pago de un precio por la Administración o la utilización de bienes públicos necesarios para prestar un servicio constituyan, por sí solos, una transmisión patrimonial gravable.

Una resolución del TACRC recuerda que los enlaces externos no forman parte de la oferta electrónica y que la falta de concreción en los productos ofertados puede justificar la exclusión del licitador, reforzando las exigencias de integridad que rigen los procedimientos de contratación pública.

La consolidación de servicios públicos digitales más avanzados exige reforzar la ciberseguridad como elemento estratégico para proteger datos, garantizar la continuidad operativa de las instituciones y preservar la confianza de ciudadanos y empresas en un entorno cada vez más conectado.

Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias recuerda que las mejoras pueden formar parte de una licitación, pero solo cuando están correctamente definidas, vinculadas al objeto del contrato y respaldadas por una motivación suficiente que acredite su utilidad.

La Administración Pública avanza hacia un modelo más inteligente y proactivo, donde la IA, la gestión del dato, la ciberseguridad y la experiencia de empleados y ciudadanos se convierten en pilares esenciales para mejorar la eficiencia y ofrecer servicios más personalizados y accesibles.

Durante décadas, la Administración Pública ha operado con estructuras claramente delimitadas. Hoy funciona como una red dinámica donde la información circula entre organismos, los empleados trabajan desde distintos lugares, los proveedores acceden remotamente y muchos servicios dependen de infraestructuras distribuidas. Este cambio ...