La JCCPE delimita cuándo y cómo debe acreditarse la disponibilidad del personal comprometido y diferencia entre medios propios, medios externos y requisitos de ejecución.
El alcance de los límites a la adjudicación por lotes y su incidencia en la legitimación para recurrir centran el análisis de la aplicación de los artículos 99.4 y 48 de la LCSP, a la luz de la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La inteligencia artificial en la contratación pública: ¿pueden las suscripciones a plataformas con IA acogerse al régimen especial de bases de datos o deben someterse al régimen general?
La personalidad jurídica de las sociedades en un grupo de empresas y los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público para la integración de la solvencia económica.
La interpretación de las modificaciones al alza y a la baja, el límite conjunto del 50% y la base de cálculo centran el análisis de la aplicación del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público.
A propósito de la Resolución TACRC 1106/2026, de 25 de junio (Recurso 78/2026, Pleno).
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye que la exclusión de una UTE por un defecto en la firma electrónica del DEUC no resulta proporcionada cuando los pliegos y el requerimiento de subsanación no describen con claridad las exigencias técnicas ni orientan adecuadamente su corrección.
A propósito de la STS 744/2026, de 15 de junio (rec. 9117/2024; Roj: STS 2604/2026).
La eficacia del recurso especial en materia de contratación depende del cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que su incumplimiento vulnera la legalidad y puede dejar sin protección a los licitadores.
El Supremo delimita cuándo un contrato público puede quedar sujeto a TPO y descarta que el pago de un precio por la Administración o la utilización de bienes públicos necesarios para prestar un servicio constituyan, por sí solos, una transmisión patrimonial gravable.
Una resolución del TACRC recuerda que los enlaces externos no forman parte de la oferta electrónica y que la falta de concreción en los productos ofertados puede justificar la exclusión del licitador, reforzando las exigencias de integridad que rigen los procedimientos de contratación pública.
La consolidación de servicios públicos digitales más avanzados exige reforzar la ciberseguridad como elemento estratégico para proteger datos, garantizar la continuidad operativa de las instituciones y preservar la confianza de ciudadanos y empresas en un entorno cada vez más conectado.
Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias recuerda que las mejoras pueden formar parte de una licitación, pero solo cuando están correctamente definidas, vinculadas al objeto del contrato y respaldadas por una motivación suficiente que acredite su utilidad.
La Administración Pública avanza hacia un modelo más inteligente y proactivo, donde la IA, la gestión del dato, la ciberseguridad y la experiencia de empleados y ciudadanos se convierten en pilares esenciales para mejorar la eficiencia y ofrecer servicios más personalizados y accesibles.
Durante décadas, la Administración Pública ha operado con estructuras claramente delimitadas. Hoy funciona como una red dinámica donde la información circula entre organismos, los empleados trabajan desde distintos lugares, los proveedores acceden remotamente y muchos servicios dependen de infraestructuras distribuidas. Este cambio ...
¿Puede un Estado ser realmente inteligente si el ciudadano no confía en que sus datos, su identidad y los servicios públicos están protegidos? Esta pregunta marcará la próxima etapa de la digitalización de la Administración Pública. Las administraciones ya no se limitan a trasladar trámites al entorno online, sino que aspiran a ser ...
Un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía aclara que los contratos regulados por la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Contratos del Sector Público no pueden beneficiarse del margen adicional del 10% previsto para otros contratos basados en precios unitarios.
La doctrina del Tribunal Supremo sobre la exclusión de ofertas anormalmente bajas ha abierto un nuevo debate jurídico en la contratación pública: determinar si las proposiciones presentadas por licitadores sin solvencia, capacidad o habilitación suficiente deben eliminarse no solo del resultado final, sino también de todos los efect...
La doctrina reciente del TJUE y de los tribunales de recursos contractuales admite las mejoras salariales como criterio de adjudicación solo cuando existe una relación real con la calidad del servicio, una motivación suficiente y garantías de proporcionalidad y libre concurrencia.
El contrato menor de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP Por Kalaman Consulting
La Disposición adicional 54ª de la Ley de Contratos del Sector Público flexibiliza la contratación en investigación científica para universidades y organismos públicos, con controles para evitar fraccionamientos y asegurar la transparencia del gasto.