La eficacia del recurso especial en materia de contratación depende del cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que su incumplimiento vulnera la legalidad y puede dejar sin protección a los licitadores.

El Supremo delimita cuándo un contrato público puede quedar sujeto a TPO y descarta que el pago de un precio por la Administración o la utilización de bienes públicos necesarios para prestar un servicio constituyan, por sí solos, una transmisión patrimonial gravable.

Una resolución del TACRC recuerda que los enlaces externos no forman parte de la oferta electrónica y que la falta de concreción en los productos ofertados puede justificar la exclusión del licitador, reforzando las exigencias de integridad que rigen los procedimientos de contratación pública.

La consolidación de servicios públicos digitales más avanzados exige reforzar la ciberseguridad como elemento estratégico para proteger datos, garantizar la continuidad operativa de las instituciones y preservar la confianza de ciudadanos y empresas en un entorno cada vez más conectado.

Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias recuerda que las mejoras pueden formar parte de una licitación, pero solo cuando están correctamente definidas, vinculadas al objeto del contrato y respaldadas por una motivación suficiente que acredite su utilidad.

La Administración Pública avanza hacia un modelo más inteligente y proactivo, donde la IA, la gestión del dato, la ciberseguridad y la experiencia de empleados y ciudadanos se convierten en pilares esenciales para mejorar la eficiencia y ofrecer servicios más personalizados y accesibles.

Durante décadas, la Administración Pública ha operado con estructuras claramente delimitadas. Hoy funciona como una red dinámica donde la información circula entre organismos, los empleados trabajan desde distintos lugares, los proveedores acceden remotamente y muchos servicios dependen de infraestructuras distribuidas. Este cambio ...

¿Puede un Estado ser realmente inteligente si el ciudadano no confía en que sus datos, su identidad y los servicios públicos están protegidos? Esta pregunta marcará la próxima etapa de la digitalización de la Administración Pública. Las administraciones ya no se limitan a trasladar trámites al entorno online, sino que aspiran a ser ...

Un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía aclara que los contratos regulados por la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Contratos del Sector Público no pueden beneficiarse del margen adicional del 10% previsto para otros contratos basados en precios unitarios.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre la exclusión de ofertas anormalmente bajas ha abierto un nuevo debate jurídico en la contratación pública: determinar si las proposiciones presentadas por licitadores sin solvencia, capacidad o habilitación suficiente deben eliminarse no solo del resultado final, sino también de todos los efect...

La doctrina reciente del TJUE y de los tribunales de recursos contractuales admite las mejoras salariales como criterio de adjudicación solo cuando existe una relación real con la calidad del servicio, una motivación suficiente y garantías de proporcionalidad y libre concurrencia.

La Disposición adicional 54ª de la Ley de Contratos del Sector Público flexibiliza la contratación en investigación científica para universidades y organismos públicos, con controles para evitar fraccionamientos y asegurar la transparencia del gasto.

La necesidad de definir criterios de solvencia adaptados a empresas de nueva creación para garantizar la concurrencia, la igualdad efectiva entre licitadores y la seguridad jurídica en los procedimientos de contratación pública.

El Tribunal Supremo redefine el acceso de las UTE a la contratación pública al exigir habilitación profesional individual, descartando la acumulación de capacidades y obligando a revisar prácticas habituales para garantizar el cumplimiento legal.

Un análisis que aborda la brecha entre la exigencia normativa y la práctica administrativa en la contratación pública, destacando el papel esencial de la información sobre subrogación de personal como garantía de transparencia, competencia real entre licitadores y correcta formación de las ofertas.

Neutralidad tecnológica en la contratación pública: límites, excepciones y la exigencia real de acreditar la equivalencia en soluciones tecnológicas.

Cuando la tecnología cambia más rápido que los contratos: claves jurídicas para que los integradores sobrevivan a la obsolescencia, la volatilidad de costes y la rigidez administrativa en la contratación pública IT

La exigencia del Plan de Igualdad en la contratación pública: análisis integral de su nacimiento, plazos de cumplimiento y consecuencias jurídicas ante la falta de inscripción, a la luz de la normativa vigente y la reciente doctrina contradictoria de los tribunales administrativos de contratación.

La STS 2399/2023 establece que la exclusión de ofertas anormalmente bajas exige una nueva valoración de las restantes conforme a todos los criterios del pliego, y clarifica la distinción entre valoración preliminar y clasificación definitiva de las proposiciones válidas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026 (C-210/24, AESTE) delimita el uso de mejoras salariales como criterio de adjudicación en la contratación pública. El Tribunal admite su utilización solo cuando exista una vinculación real con la calidad del servicio.