La reducción del plazo de redacción de un proyecto puede valorarse como criterio cualitativo en la contratación pública cuando responde a una necesidad objetiva del contrato, permite aprovechar la financiación disponible y mejora la eficacia de la actuación.

La reforma europea de la contratación pública abre nuevas posibilidades para simplificar procedimientos y automatizar decisiones administrativas, pero la selección algorítmica de las empresas plantea interrogantes sobre la libre concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia y el control jurídico.

La reciente doctrina de los tribunales de contratación sobre la naturaleza jurídica del Esquema Nacional de Seguridad, unida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las habilitaciones empresariales, plantea importantes interrogantes sobre los requisitos que deben cumplir las empresas que concurren conjuntamente a una licitaci...

Los tribunales de lo contencioso-administrativo comienzan a aplicar la doctrina europea y del Tribunal Supremo que limita la utilización generalizada del plazo de 60 días para el pago de facturas en los contratos públicos.

La decisión, que busca sincronizar la norma con la factura electrónica, llega tras meses de presión de asesores fiscales y organizaciones empresariales, y reabre el debate sobre la capacidad técnica de la Administración y del mercado para soportar la remisión masiva de facturas en tiempo real.

La JCCPE delimita cuándo y cómo debe acreditarse la disponibilidad del personal comprometido y diferencia entre medios propios, medios externos y requisitos de ejecución.

El alcance de los límites a la adjudicación por lotes y su incidencia en la legitimación para recurrir centran el análisis de la aplicación de los artículos 99.4 y 48 de la LCSP, a la luz de la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La inteligencia artificial en la contratación pública: ¿pueden las suscripciones a plataformas con IA acogerse al régimen especial de bases de datos o deben someterse al régimen general?

La personalidad jurídica de las sociedades en un grupo de empresas y los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público para la integración de la solvencia económica.

La interpretación de las modificaciones al alza y a la baja, el límite conjunto del 50% y la base de cálculo centran el análisis de la aplicación del artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público.

A propósito de la Resolución TACRC 1106/2026, de 25 de junio (Recurso 78/2026, Pleno).

Europa ha activado el 2 de agosto un nuevo conjunto de obligaciones que transformará cómo las organizaciones usan la inteligencia artificial. La regulación exige identificar dónde está presente la IA, supervisar su funcionamiento y garantizar que sus decisiones puedan explicarse.

La propuesta busca facilitar el cumplimiento de la normativa, especialmente para las pequeñas empresas, ampliar las opciones de prueba de nuevos sistemas y reforzar la protección de los derechos fundamentales, manteniendo las garantías de seguridad previstas en el marco europeo.

El documento aclara las obligaciones que deberán cumplir proveedores y organizaciones que utilicen sistemas de inteligencia artificial para informar a los usuarios cuando interactúen con esta tecnología o cuando un contenido haya sido generado o modificado mediante IA.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recaba aportaciones sobre la propuesta legislativa con la que la UE busca reforzar su autonomía en semiconductores, reducir la dependencia de terceros países y fortalecer la cadena de valor de una tecnología estratégica.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye que la exclusión de una UTE por un defecto en la firma electrónica del DEUC no resulta proporcionada cuando los pliegos y el requerimiento de subsanación no describen con claridad las exigencias técnicas ni orientan adecuadamente su corrección.

La infraestructura, integrada en la estrategia de autonomía tecnológica de la Administración catalana, almacenará datos y servicios bajo el marco regulador europeo y estará disponible tanto para entidades públicas como privadas.

A propósito de la STS 744/2026, de 15 de junio (rec. 9117/2024; Roj: STS 2604/2026).

El Consejo de la Unión Europea da el visto bueno definitivo a la reforma del reglamento de inteligencia artificial, que retrasa la entrada en vigor de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo y refuerza la protección frente a contenidos sexuales sin consentimiento.

La eficacia del recurso especial en materia de contratación depende del cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que su incumplimiento vulnera la legalidad y puede dejar sin protección a los licitadores.