La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026 (C-210/24, AESTE) delimita el uso de mejoras salariales como criterio de adjudicación en la contratación pública. El Tribunal admite su utilización solo cuando exista una vinculación real con la calidad del servicio.

La Junta de Gobierno Local aprueba un contrato de más de 24,6 millones de euros para garantizar durante los próximos años el funcionamiento y la evolución de las plataformas tecnológicas que sostienen la gestión interna del consistorio.

Este firewall de nueva generación combina seguridad avanzada, SD-WAN y servicios de red en un único dispositivo gestionado en la nube. Esta nueva familia NSE está diseñada para responder a los requisitos de la directiva europea NIS2, que endurece las obligaciones de ciberseguridad para sectores esenciales y críticos.

Sobre la identidad de los tres primeros dígitos del CPV como criterio supletorio para apreciar la equivalencia entre prestaciones: alcance, límites y prevalencia del análisis material en la acreditación de la solvencia técnica.

Un análisis exhaustivo y matizado de los límites normativos y doctrinales que condicionan el acceso efectivo al recurso especial en materia de contratación pública, entre la proclamada amplitud legal y la restrictiva interpretación de los tribunales administrativos.

Cataluña, Andalucía y Madrid concentran casi la mitad de la inversión nacional y lideran un crecimiento sin precedentes que consolida la contratación pública como estratégica a la hora de impulsar nuevas oportunidades en sectores clave como la construcción, la tecnología, la energía y los servicios.

De la prohibición general de referencias a marcas, procedencias y especificaciones restrictivas en la contratación pública y su admisión excepcional bajo estricta motivación, proporcionalidad y garantía de equivalencia conforme al artículo 126.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El desistimiento en la contratación pública exige causas objetivas e insubsanables, debidamente motivadas y no previstas en los pliegos. La jurisprudencia administrativa rechaza su uso cuando las modificaciones eran previsibles y estaban contempladas en la documentación contractual.

Análisis del concepto de prestación adicional frente a la mejora cualitativa, a la luz del artículo 145.7 de la Ley de Contratos del Sector Público y de la doctrina reciente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los tribunales administrativos autonómicos.

El Tribunal Supremo corrige la doctrina restrictiva sobre la legitimación activa y refuerza los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y aplicación real de las fórmulas de valoración en los procedimientos de contratación pública.

El alcance de la legitimación activa de las organizaciones sindicales en el recurso especial en materia de contratación pública y su interpretación restrictiva por los tribunales administrativos de contratación.

La potestad sancionadora de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en la interposición del recurso especial: análisis del concepto de temeridad y su diferenciación con la mala fe a la luz de la Resolución 681/2025 del TARCJA y del artículo 58.2 de la LCSP.

La nueva norma sustituye la legislación vigente desde 1984 y adapta el derecho de rectificación a los medios digitales y a las plataformas en línea, incorporando obligaciones para usuarios de especial relevancia en redes sociales, reforzando la protección de derechos fundamentales y contribuyendo a mejorar la calidad del debate públ...

La reducción de la competencia por contrato, el auge de las licitaciones por lotes y la aplicación de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos están redefiniendo el acceso de las empresas —especialmente pymes— a las oportunidades de negocio en el sector público, impulsando una gestión más eficiente, predictiva y estratég...

Entre la necesidad y el límite jurídico, el contrato de servicios como apoyo, no como atajo. Técnica sí, potestad no: el delicado equilibrio en la gestión del empleo público.

De la imposibilidad de los TARC de ser parte demandada y de la consecuente carga indemnizatoria impuesta a la Administración contratante, pese a haber actuado conforme a Derecho.

La importancia del artículo 44.3 LCSP y los límites reales del Recurso Especial en Materia de Contratación o cómo la LCSP permite corregir defectos en la licitación más allá del recurso especial.

Cuando la experiencia se confunde con la solvencia, los pliegos dejan de premiar la calidad futura y acaban blindando el pasado: una frontera jurídica esencial que la Resolución 1310/2025 vuelve a poner en su sitio.

Las medidas armonizan procedimientos, refuerzan los derechos de los denunciantes y reducen plazos para mejorar la aplicación del RGPD en toda la Unión.

El carácter exclusivamente aclaratorio de las respuestas a consultas en la licitación, su integración en el pliego de contratación y los límites jurídicos que impiden su uso para modificarlo.