Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias recuerda que las mejoras pueden formar parte de una licitación, pero solo cuando están correctamente definidas, vinculadas al objeto del contrato y respaldadas por una motivación suficiente que acredite su utilidad.

Un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía aclara que los contratos regulados por la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Contratos del Sector Público no pueden beneficiarse del margen adicional del 10% previsto para otros contratos basados en precios unitarios.

La doctrina reciente del TJUE y de los tribunales de recursos contractuales admite las mejoras salariales como criterio de adjudicación solo cuando existe una relación real con la calidad del servicio, una motivación suficiente y garantías de proporcionalidad y libre concurrencia.

La Disposición adicional 54ª de la Ley de Contratos del Sector Público flexibiliza la contratación en investigación científica para universidades y organismos públicos, con controles para evitar fraccionamientos y asegurar la transparencia del gasto.

La necesidad de definir criterios de solvencia adaptados a empresas de nueva creación para garantizar la concurrencia, la igualdad efectiva entre licitadores y la seguridad jurídica en los procedimientos de contratación pública.

El Tribunal Supremo redefine el acceso de las UTE a la contratación pública al exigir habilitación profesional individual, descartando la acumulación de capacidades y obligando a revisar prácticas habituales para garantizar el cumplimiento legal.

El creciente volumen de concursos sin adjudicar revela un desajuste entre las condiciones del mercado y los modelos de contratación, con impacto directo en la ejecución de servicios, la inversión pública y la participación empresarial en proyectos estratégicos.

Un análisis que aborda la brecha entre la exigencia normativa y la práctica administrativa en la contratación pública, destacando el papel esencial de la información sobre subrogación de personal como garantía de transparencia, competencia real entre licitadores y correcta formación de las ofertas.

Neutralidad tecnológica en la contratación pública: límites, excepciones y la exigencia real de acreditar la equivalencia en soluciones tecnológicas.

Cuando la tecnología cambia más rápido que los contratos: claves jurídicas para que los integradores sobrevivan a la obsolescencia, la volatilidad de costes y la rigidez administrativa en la contratación pública IT

La exigencia del Plan de Igualdad en la contratación pública: análisis integral de su nacimiento, plazos de cumplimiento y consecuencias jurídicas ante la falta de inscripción, a la luz de la normativa vigente y la reciente doctrina contradictoria de los tribunales administrativos de contratación.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026 (C-210/24, AESTE) delimita el uso de mejoras salariales como criterio de adjudicación en la contratación pública. El Tribunal admite su utilización solo cuando exista una vinculación real con la calidad del servicio.

La Junta de Gobierno Local aprueba un contrato de más de 24,6 millones de euros para garantizar durante los próximos años el funcionamiento y la evolución de las plataformas tecnológicas que sostienen la gestión interna del consistorio.

Este firewall de nueva generación combina seguridad avanzada, SD-WAN y servicios de red en un único dispositivo gestionado en la nube. Esta nueva familia NSE está diseñada para responder a los requisitos de la directiva europea NIS2, que endurece las obligaciones de ciberseguridad para sectores esenciales y críticos.

Sobre la identidad de los tres primeros dígitos del CPV como criterio supletorio para apreciar la equivalencia entre prestaciones: alcance, límites y prevalencia del análisis material en la acreditación de la solvencia técnica.

Un análisis exhaustivo y matizado de los límites normativos y doctrinales que condicionan el acceso efectivo al recurso especial en materia de contratación pública, entre la proclamada amplitud legal y la restrictiva interpretación de los tribunales administrativos.

Cataluña, Andalucía y Madrid concentran casi la mitad de la inversión nacional y lideran un crecimiento sin precedentes que consolida la contratación pública como estratégica a la hora de impulsar nuevas oportunidades en sectores clave como la construcción, la tecnología, la energía y los servicios.

De la prohibición general de referencias a marcas, procedencias y especificaciones restrictivas en la contratación pública y su admisión excepcional bajo estricta motivación, proporcionalidad y garantía de equivalencia conforme al artículo 126.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El desistimiento en la contratación pública exige causas objetivas e insubsanables, debidamente motivadas y no previstas en los pliegos. La jurisprudencia administrativa rechaza su uso cuando las modificaciones eran previsibles y estaban contempladas en la documentación contractual.

Análisis del concepto de prestación adicional frente a la mejora cualitativa, a la luz del artículo 145.7 de la Ley de Contratos del Sector Público y de la doctrina reciente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los tribunales administrativos autonómicos.