El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recaba aportaciones sobre la propuesta legislativa con la que la UE busca reforzar su autonomía en semiconductores, reducir la dependencia de terceros países y fortalecer la cadena de valor de una tecnología estratégica.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye que la exclusión de una UTE por un defecto en la firma electrónica del DEUC no resulta proporcionada cuando los pliegos y el requerimiento de subsanación no describen con claridad las exigencias técnicas ni orientan adecuadamente su corrección.

La infraestructura, integrada en la estrategia de autonomía tecnológica de la Administración catalana, almacenará datos y servicios bajo el marco regulador europeo y estará disponible tanto para entidades públicas como privadas.

A propósito de la STS 744/2026, de 15 de junio (rec. 9117/2024; Roj: STS 2604/2026).

El Consejo de la Unión Europea da el visto bueno definitivo a la reforma del reglamento de inteligencia artificial, que retrasa la entrada en vigor de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo y refuerza la protección frente a contenidos sexuales sin consentimiento.

La eficacia del recurso especial en materia de contratación depende del cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón recuerda que su incumplimiento vulnera la legalidad y puede dejar sin protección a los licitadores.

El Ejecutivo trabaja en un nuevo marco regulatorio que exigirá a las operadoras mantener el servicio móvil durante un periodo mínimo ante interrupciones eléctricas, en un contexto marcado por el debate sobre la seguridad de las infraestructuras digitales y la necesidad de fortalecer la inversión tecnológica.

El Supremo delimita cuándo un contrato público puede quedar sujeto a TPO y descarta que el pago de un precio por la Administración o la utilización de bienes públicos necesarios para prestar un servicio constituyan, por sí solos, una transmisión patrimonial gravable.

La banca, los seguros y la industria farmacéutica afrontan una adaptación profunda a la normativa. Los expertos alertan de que la clasificación de riesgos deberá revisarse de forma continua para no quedar obsoleta ante nuevas tecnologías.

La futura norma renovará el marco regulador de la investigación madrileña, reforzará la coordinación del sistema científico y facilitará la transferencia de conocimiento, la innovación y la proyección internacional de universidades, centros y profesionales.

Una resolución del TACRC recuerda que los enlaces externos no forman parte de la oferta electrónica y que la falta de concreción en los productos ofertados puede justificar la exclusión del licitador, reforzando las exigencias de integridad que rigen los procedimientos de contratación pública.

La iniciativa concluye tras acompañar a pymes y startups en la adaptación de sus sistemas de IA a las exigencias del AI Act. El programa deja como legado un conjunto de recomendaciones técnicas y buenas prácticas destinadas a favorecer una adopción segura y alineada con el marco regulatorio europeo.

Una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias recuerda que las mejoras pueden formar parte de una licitación, pero solo cuando están correctamente definidas, vinculadas al objeto del contrato y respaldadas por una motivación suficiente que acredite su utilidad.

Un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía aclara que los contratos regulados por la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Contratos del Sector Público no pueden beneficiarse del margen adicional del 10% previsto para otros contratos basados en precios unitarios.

La doctrina reciente del TJUE y de los tribunales de recursos contractuales admite las mejoras salariales como criterio de adjudicación solo cuando existe una relación real con la calidad del servicio, una motivación suficiente y garantías de proporcionalidad y libre concurrencia.

La Disposición adicional 54ª de la Ley de Contratos del Sector Público flexibiliza la contratación en investigación científica para universidades y organismos públicos, con controles para evitar fraccionamientos y asegurar la transparencia del gasto.

La necesidad de definir criterios de solvencia adaptados a empresas de nueva creación para garantizar la concurrencia, la igualdad efectiva entre licitadores y la seguridad jurídica en los procedimientos de contratación pública.

El Tribunal Supremo redefine el acceso de las UTE a la contratación pública al exigir habilitación profesional individual, descartando la acumulación de capacidades y obligando a revisar prácticas habituales para garantizar el cumplimiento legal.

El creciente volumen de concursos sin adjudicar revela un desajuste entre las condiciones del mercado y los modelos de contratación, con impacto directo en la ejecución de servicios, la inversión pública y la participación empresarial en proyectos estratégicos.

Un análisis que aborda la brecha entre la exigencia normativa y la práctica administrativa en la contratación pública, destacando el papel esencial de la información sobre subrogación de personal como garantía de transparencia, competencia real entre licitadores y correcta formación de las ofertas.