Las medidas armonizan procedimientos, refuerzan los derechos de los denunciantes y reducen plazos para mejorar la aplicación del RGPD en toda la Unión.
El carácter exclusivamente aclaratorio de las respuestas a consultas en la licitación, su integración en el pliego de contratación y los límites jurídicos que impiden su uso para modificarlo.
¿Pueden considerarse inimpugnables los pliegos tras la retroacción del procedimiento? Una reflexión sobre la seguridad jurídica y la nulidad de pleno derecho.
Para abordar esta cuestión hay que partir de la premisa de que algunas actividades, como puede ser el caso del servicio de vigilancia y seguridad privada, requieren disponer de la habilitación profesional que les exija su normativa específica.
La Resolución 377/2025 del Tribunal Català de Contractes reafirma el carácter restrictivo de la prórroga excepcional prevista en el artículo 29.4 LCSP.
La cesión obligatoria de derechos en los contratos públicos: implicaciones del artículo 308.1 LCSP y los límites a la protección moral del autor.
La IA protagoniza Municipalia como aliada clave en la modernización de la contratación pública. La feria presenta soluciones que automatizan procesos, optimizan recursos y mejoran la toma de decisiones. Ayuntamientos y administraciones locales apuestan por una gestión más eficiente y predictiva.
De la reciprocidad bilateral al control descentralizado: la contratación pública española ante una transición normativa en el acceso de operadores extranjeros.
La Recomendación de la JCCPE de julio de 2025 como herramienta para clarificar el régimen aplicable a operadores de terceros países y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos de licitación.
Un análisis a la luz de la Resolución nº 1178/2021 del TACRC y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
El orden de apertura de sobres no es un formalismo: garantiza la igualdad entre licitadores. Si se rompe, los tribunales pueden declarar la nulidad del procedimiento.
La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.
La Resolución 268/2025 del TARC de Andalucía aplica el principio de proporcionalidad para evitar una exclusión desproporcionada por la falta de inscripción a tiempo de un Plan de Igualdad.
Es común encontrar pliegos, ya sea de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas, en los que el órgano de contratación recoge la obligatoriedad de realizar visitas a sus instalaciones, a los efectos de poder presentar oferta a la licitación, pero ¿nos encontramos ante un derecho del licitador o un deber del mismo, si así...
Carolina Gil, de Kalaman Consulting, explica Ias implicaciones del Esquema Nacional de Seguridad en los procesos de contratación pública y su correcta aplicación como criterio de adjudicación.
El Código está diseñado para facilitar a la industria el cumplimiento de la futura Ley de IA de uso general, que entrará en vigor el 2 de agosto de 2025.
El artículo 101 LCSP define el valor estimado con una fórmula sencilla, solo en apariencia: “el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación”.
Los pliegos que rigen una determinada licitación son la Lex Contractus a la que están vinculadas las partes, siendo un deber ineludible de las entidades concurrentes a la misma que sus ofertas se ajusten a todas las previsiones contenidas en dichos pliegos
El pasado 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 390/2025 (ECLI:ES:TS:2025:1723), resolviendo una cuestión que, pese a la aparente claridad normativa, continuaba generando confusión en la práctica administrativa: el alcance del peso mínimo que deben tener los criterios relacionados con la calidad en los contratos...
¿Puede el órgano de contratación valerse del requerimiento de documentación previo a la adjudicación para comprobar requisitos técnicos adicionales a los expuestos en los pliegos?