España elevará al 7,4% la inversión en IA, pero solo escala el 27% de los proyectos

La inversión pública en inteligencia artificial en España crecerá del 5,33% del presupuesto de TI en 2025 al 7,40% previsto para 2027, frente a una media global del 7,08%. La previsión española también supera las de Alemania, con un 6,64%, y Francia, con un 6,28%.

El aumento presupuestario no se traduce de forma automática en una mayor capacidad para desplegar soluciones a escala. Solo el 27% de las organizaciones gubernamentales españolas ha conseguido trasladar sus iniciativas de IA desde la fase piloto a la producción a gran escala, frente al 28% global. En el conjunto internacional, el 72% de las organizaciones públicas permanece bloqueado en esa transición.

A las dificultades de despliegue se suman los costes de operación: el 77% de los directivos españoles reconoce que los sistemas de IA necesitan más mantenimiento, supervisión y ajustes continuos de lo previsto. La brecha entre inversión y resultados refleja la importancia de contar con datos fiables, infraestructuras adecuadas y capacidades técnicas para mantener las soluciones en funcionamiento.

 

España destaca en automatización y atención ciudadana

Aunque las administraciones españolas presentan un nivel de madurez inferior al de otros países analizados, registran una adopción destacada de aplicaciones prácticas. El 17% de las organizaciones públicas españolas se sitúa entre los líderes en madurez de IA, frente al 25% global, el 30% de Francia y el 44% de Alemania.

La implantación de soluciones operativas muestra una evolución diferente:

-     Automatización de procesos internos: el despliegue acumulado alcanza el 73,3% en España, frente al 56,8% global. Los casos de uso incluyen funciones de recursos humanos, finanzas y tecnologías de la información.

-     Asistentes virtuales y chatbots para la ciudadanía: la adopción activa llega al 66,7%, frente al 49% global.

-     Procesamiento inteligente de documentos: alcanza el 63,4%, frente al 49% de media internacional.

Estos datos sitúan a España por encima de los promedios globales en aplicaciones vinculadas a la eficiencia administrativa y la interacción con los ciudadanos. En cambio, la IA agéntica genera mayor cautela: el 23,3% de los directivos españoles afirma no tener interés en esta tecnología, frente al 8,3% global.

 

Los datos y la infraestructura limitan la escalabilidad

La calidad de los datos constituye uno de los principales condicionantes para extender la IA dentro de las administraciones. El 83% de las organizaciones españolas identifica la calidad y disponibilidad de los datos como su principal barrera, mientras que el 76,7% considera que sus bases de datos no avanzan al ritmo que exigen sus objetivos tecnológicos.

A estas limitaciones se añaden los problemas de infraestructura y talento. El 66,7% de los encuestados en España señala la falta de infraestructura moderna y escalable y la escasez de profesionales especializados como obstáculos operativos relevantes. La proporción supera la media global del 58,2% en el caso de las carencias de infraestructura.

La combinación de sistemas de datos poco preparados, recursos técnicos insuficientes y necesidades de mantenimiento superiores a las previstas dificulta que los proyectos pasen de pruebas aisladas a servicios estables. La madurez de la IA pública depende, por tanto, no solo de la inversión en modelos, sino también de la modernización de los sistemas que deben alimentarlos y sostenerlos.

 

La soberanía digital gana peso frente a la dependencia tecnológica

El control sobre los datos y la seguridad de los sistemas ocupa un lugar central en las decisiones de las administraciones españolas. La preocupación por la soberanía de los datos alcanza el 83,3%, mientras que la ciberseguridad preocupa al 73%.

Estas prioridades conviven con una elevada dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros: el 80% de las organizaciones españolas consultadas registra dependencia exterior en ciberseguridad y el 73,3% en servicios en la nube.

La disposición a asumir mayores costes para reducir esa dependencia también supera la media internacional. El 76,7% de las administraciones españolas está dispuesto a pagar más por soluciones tecnológicas soberanas, frente al 64,8% global. El dato apunta a que el control de la infraestructura, la localización y protección de los datos y la autonomía tecnológica tienen un peso estratégico propio, incluso cuando implican un mayor coste operativo.

 

La confianza pública, por delante de la reducción de costes

El informe identifica una diferencia entre las prioridades españolas y las del conjunto internacional. El 80% de los directivos españoles sitúa la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública como objetivo primordial de sus proyectos de datos, frente al 60,8% global.

Este enfoque vincula la adopción de IA con la legitimidad de la actuación administrativa, además de con la eficiencia. La capacidad de explicar cómo se utilizan los datos, establecer responsabilidades y controlar los riesgos resulta especialmente relevante cuando las tecnologías intervienen en servicios que afectan directamente a la ciudadanía.

Dos experiencias recogidas en el informe ilustran algunas de estas aplicaciones. Fernando de Pablos, director general del Ayuntamiento de Madrid, destaca el proyecto Paloma, que utiliza IA para ayudar a los servicios sociales a identificar casos potencialmente relevantes en la detección de la soledad no deseada, combinando impacto social con un control cuidadoso del riesgo.

Por su parte, Jaume Miralles, director general de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Administración de la Generalitat de Cataluña, señala el potencial de estas herramientas para responder a la pérdida de experiencia y capacidades asociada a las jubilaciones y a la menor incorporación de personal.

Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, describe una estrategia nacional que amplía su foco inicial en investigación, desarrollo, talento y digitalización para incorporar la IA generativa como eje prioritario, con especial atención a las pymes, las startups y las administraciones públicas.

 

Indicadores clave de la IA pública en España

Los resultados dibujan un sector público español con una apuesta presupuestaria relevante y una adopción superior a la media en automatización y atención ciudadana, pero con dificultades para extender la IA a escala. La calidad de los datos, la infraestructura tecnológica, el talento especializado y la dependencia de proveedores externos aparecen como factores determinantes para convertir esa inversión en servicios públicos fiables, seguros y sujetos a rendición de cuentas.