Smart cities: el próximo salto evolutivo de la ciudad
- Opinión
El valor aportado por las Smart Cities, tanto en términos de mejora de la eficiencia y la calidad de vida en las ciudades como su contribución medioambiental y el impacto económico asociado, es reconocido por ciudadanos y administraciones públicas. Sin embargo, según nuestros estudios, sólo el 20% de las Administraciones declaran haber definido un plan específico en la materia lanzando iniciativas concretas.
Tribuna de Opinión de Pascual Martínez Martínez – Director de Infraestructuras, Construcción y Servicios en Capgemini Invent España
En el caso de España se ha de destacar que este tema forma parte de la agenda de muchos Ayuntamientos desde hace tiempo, si bien no siempre con una voluntad transformadora, quedándose en ocasiones más como una acción puntual.
Esto contrasta con la existencia demostrada de casos de uso de éxito, que aportan ventajas competitivas de unas ciudades frente a otras, en un mundo cada vez más global.
Sin embargo, en España, el 40% de los ciudadanos no sólo ven el valor y muestran su voluntad de utilizar estos servicios de Smart Cities, sino que, además, están dispuestos a pagar por ellos. Aunque este porcentaje sea únicamente declarativo, entendemos que es tan alto debido tanto a una frustración por la complejidad burocrática que tenemos en nuestro país a la hora de realizar ciertos trámites o consumir determinados servicios públicos, como también a una evolución en la sociedad en la aceptación de modelos de pago y suscripción asociados a un valor percibido claro.
Creemos que el reto del desarrollo y consolidación de Smart Cities en España debería iniciarse creando una visión a largo plazo y comprometiéndose con ella, más allá de ciclos electorales de cuatro años. Además, requerirá el consenso de los principales actores sociales y empresariales, estableciendo con ellos canales de comunicación bidireccionales que permitan realizar de manera ágil potenciales ajustes necesarios.
También visualizamos un enfoque colaborativo con iniciativas privadas, generando un ecosistema innovador que acelere la implantación de las medidas y sus tecnologías asociadas, contribuyendo asimismo al desarrollo de competencias digitales de la Administración.
No podemos obviar que muchas de estas iniciativas requieren de fondos sustanciales para su implementación, donde se deberían explorar modelos de iniciativa privada y mixta; conjuntamente con el desarrollo de modelos de medición objetiva del retorno y cumplimiento de objetivos de las iniciativas en todos los ámbitos (medioambiental, social, etc) pero sin olvidar en ningún caso el plano económico.
Y por supuesto, no podemos cerrar los retos que afrontar sin nombrar uno de los temas más controvertidos: el manejo de grandes volúmenes de datos e información, que pueden, en cierto modo, suponer un sacrificio de privacidad. Aquí la tecnología y el valor añadido que aporta (ej. mejora en términos de seguridad y descenso de la criminalidad) choca a veces con aspectos éticos, que no por ser de difícil resolución se debe evitar su abordaje.
Para concluir, podemos destacar que las Smart Cities son una realidad que aporta un valor demostrado y notable. En el caso de España tenemos buenos mimbres para subirnos al carro de esta gran oportunidad, ya que contamos con una ciudadanía receptiva a la adopción de nuevas soluciones. Es responsabilidad de la Administración liderar la definición de un plan ambicioso a medio plazo, alineando a todos los stakeholders y contando con la iniciativa privada como acelerador de la transformación deseada.
