El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público centrada en capacidades digitales

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado. La oferta se articula en torno a tres grandes ejes: la digitalización de la Administración, el refuerzo de los servicios esenciales y una planificación orientada a áreas estratégicas.

En palabras del ministro Óscar López, se trata de reforzar aquellas políticas públicas consideradas prioritarias, entre ellas la digitalización, la transición energética, la prevención de emergencias climáticas, la ciberseguridad, las infraestructuras, la estrategia comercial, la seguridad pública y la defensa.

 

Refuerzo del talento tecnológico y nuevas especialidades en la Administración

Una de las principales novedades es la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, lo que supone un incremento significativo respecto a anteriores convocatorias. Además, por primera vez se incorporan pruebas de acceso por especialidades en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de captar perfiles en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato.

Actualmente, el uso de servicios digitales de la Administración por parte de la ciudadanía se sitúa por encima de la media europea, al igual que el grado de digitalización del sector público. Aun así, el Ejecutivo plantea ampliar el número de procedimientos administrativos disponibles en formato digital y avanzar en la modernización del empleo público, combinando transformación organizativa con creación de puestos de trabajo.

En paralelo, se prevé la creación de una alianza orientada al talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el objetivo de mejorar la competitividad de la oferta pública y cubrir vacantes en perfiles especializados. En materia de formación, se incorporan contenidos obligatorios sobre inteligencia artificial y herramientas de datos en los procesos selectivos, junto con el refuerzo de las competencias digitales del conjunto de los empleados públicos.

La oferta contempla 26.886 nuevas plazas en la Administración General del Estado, a las que se suman otras adicionales vinculadas a necesidades específicas, como la respuesta ante emergencias climáticas. En conjunto, se prevé la generación de empleo neto y la continuidad del proceso de renovación de plantillas.

Si se incluyen las plazas correspondientes a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el volumen total supera las 37.000 plazas.

 

Prioridad a servicios esenciales, infraestructuras y transición ecológica

La planificación de esta oferta introduce un cambio de enfoque, al priorizar la asignación de recursos humanos en función de necesidades estratégicas identificadas a medio y largo plazo. En este contexto, se refuerzan áreas como la transición ecológica, la gestión de emergencias climáticas y la protección civil, con nuevas incorporaciones en organismos especializados.

También destacan las plazas destinadas a infraestructuras, dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como las vinculadas a la estrategia comercial y al fortalecimiento del tejido productivo, gestionadas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En el ámbito de la seguridad, se incluyen nuevas plazas de personal civil vinculadas a los ministerios del Interior y de Defensa, con el objetivo de mejorar la protección de la ciudadanía y las capacidades operativas.

En cuanto a los servicios públicos, la oferta refuerza la red de oficinas de atención a la ciudadanía distribuidas por todo el territorio, incluyendo organismos como la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico. Asimismo, se incrementan las plazas en sanidad pública y en el ámbito educativo en territorios específicos.

Para mejorar la cobertura de las plazas ofertadas, se establece la obligación de elaborar informes de diagnóstico en aquellos procesos selectivos con baja ocupación, incorporando medidas de adaptación, mejora de la comunicación y captación de talento. Además, se prevé un seguimiento de los procesos para acotar su duración y se mantiene la descentralización de las pruebas en distintas sedes.

La oferta reserva un 10% de las plazas para personas con discapacidad, con un volumen específico destinado a personas con discapacidad intelectual, en línea con las políticas de inclusión en el empleo público.