El TGUE ratifica la histórica multa de Bruselas a Google por prácticas anticompetitivas en el mercado Android

En 2018, la Unión Europea multó a Google por abuso de posición dominante en el mercado Android, en el que tenía una cuota superior al 80%, por considerar que había impuesto restricciones a los fabricantes de dispositivos y operadores de redes móviles. La cuantía de la sanción era de 4.343 millones de euros. Ahora, el Tribunal General de la UE (TGUE), tras una estimación parcial del recurso de la multinacional, confirma la multa, pero rebaja el precio de la sanción a 4.125 millones.

El TGUE aceptó en su sentencia de ayer los argumentos del Ejecutivo comunitario de que la obligación de instalar Google Search y Google Chrome podía suscitar un "sesgo de statu quo", por la "propensión de los usuarios" a utilizar las aplicaciones ya instaladas en sus teléfonos móviles y tabletas, "sin que esa ventaja pueda compensarse por los competidores de Google".

El Tribunal también afirma que "la Comisión podía considerar fundadamente" que la supeditación de los ingresos publicitarios a que no se instalasen aplicaciones de la competencia "constituían acuerdos de exclusividad".

En marzo de 2019, la Comisión Europea dio a conocer la última de las multas que ha impuesto al navegador, en esa ocasión por abuso de posición dominante en el mercado de AdSense. En total, el buscador tendrá que hacer frente a una multa que alcanza los 1.490 millones de euros. Esta cantidad se suma a los 4.300 millones de euros por Android y a los 2.400 millones de euros por el mercado de buscadores, con lo que, sólo en multas, Google tendrá que pagar más de 8.000 millones de euros.

La UE ha impuesto hasta ahora más de 8.000 millones de euros en multas Google: una relacionada con el mercado de buscadores, de 2.420 millones, cuyo recurso perdió el año pasado; otra por abuso de posición dominante en el mercado de Adsence, por 1.490 millones, y esta por prácticas anticompetitivas con Android, que ahora se ha visto reducida en 200 millones.

La sentencia se puede recurrir aún ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.