La implementación de la factura electrónica incrementaría la productividad de España en 2,4 puntos

Tal y como ha señalado José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEOE, en la apertura de la jornada, “estamos inmersos en un proceso de digitalización que nos afecta a todos y que da respuesta a los grandes retos que se plantean”. Asimismo, este responsable recordaba que “la digitalización y la transición ecológica son las grandes apuestas para el desarrollo económico”.

En este sentido, la factura electrónica “es un elemento esencial para digitalizar los procesos de las organizaciones, así como una pieza clave en la relación entre las empresas”, y apuntaba que un tercio de las empresas ya envían facturas por medios electrónicos, “un dato positivo pero que no mantiene una evolución con el paso del tiempo”.

Por su parte, Víctor Ausín, director general de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, repasaba los datos relacionados con los retrasos en los pagos y cobros entre las empresas españolas y el sobrecoste financiero que esto supone para la economía española, cifra que asciende a 150.000 millones de euros.

Asimismo, recordaba que la aprobación de la Ley Crea y Crece ha supuesto una reducción de hasta 4 días en los precios medios de pago y cobro, y que el objetivo es seguir reduciendo el período medio a 61,5 días.

Esta evolución provocaría un ahorro de alrededor de 400 millones de horas y tendría un impacto en la productividad de un 2,4%, además de otros beneficios tanto en la recaudación fiscal como en la eficiencia y en la transparencia.

 

Presentación del informe Facturación electrónica: El camino hacia una economía conectada

Sage ha aprovechado la celebración de la jornada para compartir los datos de un reciente informe Facturación electrónica: El camino hacia una economía conectada.

Tal y como destacaba José Luis Martín Zabala, managing director de SAGE Iberia, “el nivel de adopción de la factura electrónica en la Unión Europea es pequeño”, sobre todo en países como Alemania, donde no supera el 4%, España (7%), Francia (9%), Irlanda (&%) o Portugal (11%), mientras que hay países como Finlandia, donde alcanza el 63% o Singapur, donde se sitúa en el 42%. El dato tampoco es mejor en Reino Unido, donde apenas alcanza el 3%.

Según los datos del informe, el 86% de las pequeñas y medianas empresas desconoce la facturación electrónica o no sabe cómo adoptarla, mientras que en Europa solo el 28% de las empresas sabe lo que es o lo que implica.

En España, sin embargo, ya hay un 39% de empresas que utiliza un sistema digital para facturar, aunque en su mayoría utilizan PDF y email como modo de envío.

Esta realidad, según José Luis Martín Zabala, “genera ineficiencias y un clima de desconfianza en las organizaciones”. De hecho, un 26% de las encuestadas señala haber pagado alguna factura fraudulenta, cifra que coincide con la de las empresas que siguen empleado sistemas manuales de facturación.

La implementación de la factura electrónica reduce la morosidad (20%) y los días de cobro (4 días) y aporta una mayor visibilidad financiera a las organizaciones. De forma indirecta, otra mejora que se produce es el incremento de la digitalización de las empresas, dado que el 90% de los que han integrado la factura electrónica han integrado otras tecnologías para aumentar su transformación digital.

Con el fin de ayudar a reducir las barreras que impiden su implementación: complejidad, necesidad de una estandarización, la falta de conocimiento, costes iniciales, comprensión normativa, recursos limitados o la ciberseguridad, desde Sage recomiendan establecer calendarios claros de implementación, comunicar los beneficios, preparación de las empresas, ofrecer incentivos financieros, garantizar la certidumbre de los plazos, formación y apoyo a las empresas, estandarización de formatos, y programas de información y educación para los profesionales.

En palabras del máximo responsable de Sage en nuestro país, “tenemos una magnífica oportunidad. La digitalización es algo necesario para no restar la capacidad competitiva de nuestras empresas”, y reclamaba la colaboración público-privada y del sector tecnológico para ayudar a las empresas en su transformación.

Para cerrar la jornada, Luis Aribayos, secretario general de CEPYME, recordaba que “el 95% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados, y es esencial tenerlo en cuenta para cualquier legislación”, porque, como recalcaba, el coste de los retrasos en los pagos supone para las pymes unos 3.000 millones de euros.