El CCN establece la hoja de ruta española para la transición a la criptografía postcuántica

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El CCN establece un marco nacional para coordinar la transición hacia sistemas resistentes a la computación cuántica, con un calendario de migración hasta 2035 y objetivos diferenciados según el riesgo, que incluyen gobernanza, inventario criptográfico, proyectos piloto y adaptación tecnológica.

El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha publicado la Hoja de ruta de la transición a criptografía postcuántica en España. Este documento establece las bases para coordinar y supervisar la migración nacional hacia sistemas capaces de resistir los ataques basados en computación cuántica y proporciona a las organizaciones un procedimiento práctico para planificar y ejecutar el cambio.

La hoja de ruta se articula en coordinación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y contempla dos ámbitos de actuación complementarios. El plano nacional comprende la coordinación sectorial, la definición de calendarios e indicadores, la contratación pública y el desarrollo de capacidades de evaluación. El plano organizativo incluye la elaboración de políticas criptográficas, el inventario de activos, el análisis del riesgo cuántico, la planificación, la realización de pruebas piloto, la migración y la incorporación de capacidades de criptoagilidad.

El documento advierte de que los avances de la computación cuántica pueden comprometer los mecanismos actuales de criptografía de clave pública. Asimismo, contempla la posibilidad de que un ordenador cuántico criptográficamente relevante esté disponible en la próxima década, dentro del intervalo comprendido entre 2030 y 2035.

 

Un calendario de migración basado en el nivel de riesgo

La estrategia establece un calendario de referencia que diferencia los objetivos en función de la criticidad de los sistemas y de su exposición a la amenaza cuántica:

-     Hasta el 31 de mayo de 2027: establecimiento de la gobernanza y las políticas correspondientes, elaboración del inventario inicial de activos criptográficos, clasificación de los casos de uso y planificación de la transición. También se contempla el inicio de proyectos piloto para los sistemas de riesgo alto y medio, siempre que resulte posible.

-     Hasta el 31 de diciembre de 2030: finalización de la migración de los sistemas clasificados como de riesgo alto.

-     Hasta el 31 de diciembre de 2035: finalización de la migración de los sistemas de riesgo medio y, cuando resulte técnica y económicamente viable, de los sistemas de riesgo bajo.

Este planteamiento se alinea con la hoja de ruta del Grupo de Cooperación NIS, que establece para los Estados miembros la ejecución de los primeros pasos antes del 31 de diciembre de 2026. Entre ellos figuran la definición de una estrategia nacional y el comienzo de la planificación y de los proyectos piloto correspondientes a los casos de uso de riesgo alto y medio.

 

Tres etapas para completar la transición criptográfica

La hoja de ruta recoge un plan de transición estructurado en tres etapas, que abarcan desde la definición de los objetivos estratégicos hasta la ejecución de los cambios tecnológicos.

El proceso comprende la identificación de las necesidades y prioridades de cada organización, la preparación de los sistemas y la planificación de las actuaciones, así como la ejecución de las pruebas y la migración técnica hacia soluciones criptográficas resistentes a la computación cuántica.

La estrategia también concede importancia a la criptoagilidad, entendida como la capacidad de sustituir y adaptar los mecanismos criptográficos sin comprometer el funcionamiento de los sistemas. Esta característica resulta esencial para que las organizaciones puedan responder a la evolución de las amenazas y mantener la protección de sus comunicaciones, datos y servicios digitales.

Con este marco, el CCN proporciona una referencia común para que las administraciones y las organizaciones planifiquen la transición postcuántica, prioricen los sistemas más expuestos y coordinen sus actuaciones conforme a criterios de riesgo, capacidad técnica y viabilidad económica.

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