El argumento del Gobierno para aprobar la tasa Google
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Este jueves PSOE, ERC, Junts per Cat, PNV y Unidas Podemos rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos al proyecto de ley del nuevo Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como la "tasa Google". Superado este primer examen, comienza su tramitación.
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Este impuesto gravará con un 3% a las ingresos que las grandes tecnológicas (aquellas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España) obtengan de los servicios de publicidad dirigida online, servicios de intermediación online y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario, y quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista, cuando no actúe como intermediario.
En su defensa, la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señaló que la arquitectura tributaria "está pensada para la economía de hace 20 años" y que " no se ha construido una fiscalidad acorde" a la economía digital, ya que las empresas tradicionales pagan proporcionalmente un mayor volumen de impuestos.
Después de la votación ayer, comienza la tramitación de este gravamen pocos días después de que Estados Unidos haya anunciado la apertura de una investigación sobre Europa y nueve países, incluido España, para comprobar si con este tipo de jurisdicciones existe trato discriminatorio hacia sus empresas y si es el caso, plantear medidas arancelarias.
Aunque se apruebe, Hacienda dejará en suspenso la liquidación de este impuesto hasta al menos el 20 de diciembre de este año, con el objetivo de dar “margen” a la adaptación de las empresas y a un posible impuesto digital de la UE o la OCDE, en cuyo caso sería inmediatamente sustituido.
Oposición del sector digital
Este mismo viernes cuatro asociaciones sectoriales, AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), emitieron un manifiesto en el que rechazaban el desarrollo unilateral de un impuesto digital en España, y pedían al Gobierno de Sánchez que reconsiderase su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.
Entre las razones que esgrimen estas asociaciones figuran la necesidad de digitalización de la economía, que el impuesto puede perjudicar a las empresas (principalmente pymes) y la necesidad de ceñirse a un acuerdo global.
