"La verdadera eficiencia se obtendrá si se aprovechan las TIC para rediseñar en profundidad los procesos y servicios actuales"
- IT User
Sergi Biosca, socio director de Sector Público y Sanidad Europa de Everis, analiza la relación entre las TIC y el Sector Público.
¿Cuáles son los principales retos tecnológicos de las administraciones públicas?
Estamos viviendo un cambio social profundo, donde los ciudadanos demandan una relación con la administración más abierta y transparente, quieren participar en las decisiones y hacerlo por distintos canales. Ante este cambio, el verdadero reto de las Administraciones Públicas no es la aplicación de las tecnologías en sí, sino la agilidad y flexibilidad en adoptarlas.
Durante la última década se ha impulsado la e-Administración, centrada en digitalizar y automatizar trámites, habiendo conseguido que a día de hoy más del 90% de los trámites se puedan realizar total o parcialmente por medios electrónicos. El siguiente paso es avanzar a un modelo de Administración Digital, donde las TIC sean percibidas como un medio para realmente transformar las administraciones y su manera de prestar servicios y relacionarse con los ciudadanos.
El sector privado ha empezado a dar pasos relevantes en esta línea. Recientemente hemos podido ver, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo banco totalmente centrado en el móvil como plataforma de autogestión y relación con los clientes. No sé si algún día veremos una Administración en el móvil, pero seguro que cambios de este tipo, donde la tecnología jugará un papel central, constituyen el verdadero reto que deben afrontar las administraciones en los próximos años.
Por último, hay que tener en cuenta también la responsabilidad de las Administraciones Públicas en el marco del desarrollo de la Economía Digital y la consiguiente transformación de los distintos sectores productivos. Así, los Gobiernos deben crear el marco regulatorio adecuado para facilitar la innovación y la transferencia tecnológica, fomentar el talento digital, preservar la seguridad y los derechos a la privacidad de los datos, que permitan a las empresas españolas liderar el futuro Mercado Único Digital europeo.
Esta entrevista forma parte del reportaje En Portada de IT User del mes de marzo de 2016, sobre el impacto de las TIC en la Administración Pública. Puedes descargártelo, de forma gratuita, a través de este enlace.
¿Cómo pueden ser las AAPP más eficientes gracias a las TIC?
Las Administraciones Públicas son organizaciones muy complejas en las cuales las TIC, como base de la e-Administración, pueden permitir incrementar la eficiencia, facilitando por ejemplo una mayor estandarización de servicios y una interoperabilidad real, así como la reutilización de activos dentro de la propia Administración General del Estado o entre las Comunidades Autónomas, la creación de servicios compartidos y la compartición del conocimiento.
La verdadera eficiencia se obtendrá si se aprovechan las TIC, no para transformar en digitales los mismos trámites y procedimientos que se realizaban previamente en papel, sino para rediseñar en profundidad los procesos y servicios actuales.
La implementación de tecnologías maduras para, por ejemplo, incrementar el uso de la notificación y la firma electrónica, así como la adopción de tecnologías nuevas como el big data o la movilidad, permitirán ganar en eficiencia y poder así dar respuesta a una demanda creciente de servicios por parte de los ciudadanos.
¿Es la e-Administración una utopía?
En España, los avances en la última década han sido claros. Esto se refleja en el último informe sobre Gobierno electrónico realizado por las Naciones Unidas, que sitúa a España en el 12º lugar del ranking a nivel mundial y 5º en Europa.
No obstante, es cierto que queda camino por recorrer, en especial para conseguir garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos a comunicarse por medios electrónicos con las administraciones, así como en la eliminación total del papel en la tramitación, la interoperabilidad e intercambio de información entre administraciones y el uso real de los servicios por parte de los ciudadanos. En este último punto, a pesar de que es cierto que en algunos ámbitos, como por ejemplo el tributario, la e-Administración está muy extendida, hay otros donde esto no es así. Actualmente sólo el 50% de los ciudadanos realiza algún trámite anual por medios electrónicos con la administración.
Entre los motivos que explican esto, uno de los principales es el requisito de uso del DNI electrónico o el Certificado Digital para la realización de muchos trámites, lo cual supone un nivel de seguridad mayor del que por ejemplo se nos requiere para acceder a nuestras cuentas bancarias hoy en día. La futura flexibilización legal en este sentido facilitará que el uso incremente y que la e-Administración no sólo no sea una utopía sino cada vez más una realidad.
¿Qué peculiaridades tiene la Administración Pública como cliente?
Para entender las especificidades de la administración pública como cliente yo las estructuraría en 3 ejes: planificación comercial, oferta de servicios y organización y metodología de trabajo.
Desde la óptica de la planificación comercial, los ciclos electorales de 4 años condicionan de manera clara las prioridades y los ciclos de inversión de la administración. Es fundamental ser consciente de ello para invertir en los momentos adecuados y teniendo en cuenta las prioridades de cada gobierno.
Desde la perspectiva de la oferta de servicios y acercamiento al cliente, hay que tener muy presente que las motivaciones de las Administraciones Públicas son distintas que las del sector privado. En concreto, por citar un ejemplo, los criterios de eficiencia no tienen por qué ser más relevantes que los de servicio. Es necesario entender bien esto para realizar planteamientos adecuados y bien recibidos por parte de la administración.
Por último, es importante entender que las Administraciones Públicas se relacionan con sus proveedores en un marco legal que busca garantizar condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades a todos los competidores. Esta regulación limita las posibilidades de interacción entre la administración y los proveedores, reduciendo la flexibilidad para por ejemplo, exponer la propuesta de valor o negociar entre las partes.
¿Cuál es el estado de las AAPP españolas en cuanto a su innovación tecnológica? ¿Cuál está siendo la evolución en los últimos años?
Los distintos cambios regulatorios vertebrados alrededor de la ley 11/2007 (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos), en una etapa de bonanza económica, crearon un contexto favorable a la inversión en tecnología en todas las administraciones en España, avanzando hacia una administración sin papel mediante la digitalización de trámites, la implementación de portales y sedes electrónicas y la implantación de la firma electrónica.
A partir del 2011 la crisis se plasmó de manera acelerada en los presupuestos públicos y en concreto, en lo relativo a las TIC conllevó una reducción de más del 30% en 3 años, concentrada en especial en las partidas destinadas a nuevas inversiones y comportando un freno a la innovación, especialmente en las Comunidades Autónomas más desarrolladas y con baja cofinanciación de Fondos Europeos.
En 2014 tocamos fondo y desde entonces las administraciones están volviendo a plantear nuevos proyectos, aprovechando así mismo nuevas herramientas como las de la propia Compra Pública Innovadora que les posibilitan estar más cerca del mercado y de las nuevas tecnologías emergentes, así como ejercer de comprador temprano y dinamizador del mercado.
IoT o Big Data son algunas de las tendencias con mayor impacto para lograr también las Smart Cities. ¿Qué grado de adaptación está teniendo en España? ¿Son las AAPP conscientes de su importancia?
El grado de conciencia y adaptación es dispar en las Administraciones Públicas en España. Las hay que sí han interiorizado que la disponibilidad de datos que facilita el IoT y la aplicación de analítica avanzada pueden suponer una auténtica revolución en la prestación de servicios al ciudadano y la eficiencia en costes. Otras, más alejadas del ciudadano, con poco presupuesto IT o menos maduras tecnológicamente, ven más lejana la aplicación de estas tendencias.
La Red de Ciudades Inteligentes está haciendo una labor de concienciación e impulso de la innovación y la utilización de las TIC en las ciudades que ha facilitado que se haya iniciado la adopción, principalmente a través de pilotos en ámbitos concretos como el estacionamiento, el transporte, la recogida de residuos o el alumbrado urbano.
Las Administraciones Públicas deben enfrentarse a las nuevas oportunidades que estas tecnologías les brindan, entendiendo que los datos son el centro de la transformación digital, haciendo uso de ellos con garantías para el ciudadano, y aprovechando buenas prácticas del sector privado que se encuentra en una fase de adopción más evolucionada. De hecho, las previsiones indican que más del 80% de los dispositivos conectados en 2020, serán del sector privado (hogares y edificios inteligentes), y que los grandes nichos de aplicación para las administraciones serán el transporte, la salud y la seguridad.
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes ha puesto 150 millones de euros a disposición de las administraciones para que hagan propuestas concretas y coordinadas con otras administraciones, con el objetivo de reutilizar esfuerzos y conseguir el mayor impacto en la aplicación de las tecnologías. Ahora hay que esperar a su materialización eficaz y real.
¿Políticas o funcionariales: cuáles son las dificultades más frecuentes en la implantación de tecnología por parte de las AAPP?
Cuando implantamos soluciones tecnológicas, la cuestión no está centrada en políticos o funcionarios, sino en la propia visión garantista de la administración. Así, es cierto que en términos generales la toma de decisiones es más lenta y compleja que en las empresas privadas, lo que influye principalmente en dos aspectos.
Por un lado, los ciclos desde la concepción de nuevos proyectos hasta la contratación de los servicios para llevarlos a cabo siguen siendo muy largos. Esto, en un contexto como el actual, donde la obsolescencia de las tecnologías es cada vez más acelerada, supone una gran dificultad.
Por el otro, las administraciones son en general bastante resistentes a los cambios, lo que implica que los costes de gestión de los proyectos se incrementen significativamente respecto a los del sector privado.
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