El Gobierno aprueba la nueva Ley Orgánica del Derecho de Rectificación

  • Normativas
Derecho rectificación

La nueva norma sustituye la legislación vigente desde 1984 y adapta el derecho de rectificación a los medios digitales y a las plataformas en línea, incorporando obligaciones para usuarios de especial relevancia en redes sociales, reforzando la protección de derechos fundamentales y contribuyendo a mejorar la calidad del debate público frente a la desinformación y las 'fake news'.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy de forma definitiva el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Esta nueva norma moderniza el marco legal de este derecho fundamental para adecuarlo a las actuales realidades del ecosistema informativo y a las nuevas formas de acceso de la ciudadanía a la información, sustituyendo así a la legislación vigente desde 1984.

Tal y como ha señalado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el derecho de rectificación desempeña un papel esencial en la protección de derechos fundamentales como el derecho al honor y el derecho a comunicar y recibir información veraz. Además, permite corregir informaciones inexactas que causan perjuicio y contribuye a mejorar la calidad del debate público, especialmente en un contexto marcado por la proliferación de la desinformación y las fake news.

 

Usuarios relevantes de redes sociales, también obligados a rectificar

Una de las principales novedades del proyecto de ley es la ampliación de los sujetos obligados a atender solicitudes de rectificación. Junto a los medios de comunicación tradicionales y digitales, la norma incorpora a determinados usuarios de plataformas en línea, denominados “usuarios de especial relevancia”, conocidos popularmente como influencers. Se considerarán como tales aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o con más de 200.000 seguidores de forma acumulada en varias.

Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, los medios digitales y los usuarios de plataformas deberán habilitar mecanismos accesibles y visibles que permitan presentar solicitudes de rectificación de manera sencilla. En el caso de contenidos difundidos en redes sociales, la ley establece además la obligación de incluir en la publicación original un aviso que indique claramente que la información ha sido rectificada.

 

Los menores de edad podrán ejercer el derecho de rectificación

En los medios digitales, la rectificación deberá publicarse mediante un nuevo enlace con una relevancia equivalente a la de la información original. Cuando una información haya sido difundida en varios medios, la rectificación deberá realizarse en todos ellos. En el caso de las plataformas en línea, la corrección deberá figurar junto a la publicación inicial y en un lugar visible.

La nueva ley reconoce también el derecho de las personas menores de edad a solicitar la rectificación por sí mismas cuando su grado de madurez lo permita, facultad que se garantiza en todo caso a partir de los 16 años. Asimismo, se amplía el número de personas legitimadas para solicitar la rectificación de informaciones que afecten a personas fallecidas, incluyendo a ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, así como a quienes hayan sido designados expresamente.

En cuanto a los plazos, el derecho de rectificación podrá ejercerse en un plazo de 10 días naturales cuando la información se haya publicado en medios de comunicación tradicionales y de 20 días en el caso de medios digitales o perfiles en plataformas en línea.

 

Avance en el Plan de Acción por la Democracia

Por último, la norma simplifica el procedimiento judicial al que pueden recurrir los ciudadanos cuando se les deniegue una rectificación, con el objetivo de garantizar una tramitación más ágil y adaptada a los entornos digitales.

La aprobación de este proyecto de ley da cumplimiento a una nueva medida del Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024, concretamente la medida 2.4.2, reforzando así el compromiso del Gobierno con la calidad democrática y la protección de los derechos fundamentales.