La normativa actual permite que la solvencia sea acreditada por cualquier medio, pudiendo a estos efectos utilizar la otorgada por otras entidades, con independencia del vínculo que se tenga, siempre y cuando se acredite la disposición efectiva de tales medios.

Uno de los requisitos básicos para poder licitar y ser adjudicatario de un contrato es la capacidad de obrar de las personas jurídicas.

Las licitaciones públicas en el sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones han cerrado el primer semestre de 2024 con un ligero descenso frente a los datos de 2023, pero con un importe acumulado que se sitúa cerca de los 6.000 millones de euros. En este documento, correspondiente al primer semestre de 2024, Doubletrade pone sobre la mesa...

Uno de los requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a efectos de poder interponer recurso especial en materia de contratación es el de contar con la legitimación prevista en el artículo 48 de la Ley.

En cuanto al carácter vinculante o no vinculante de las respuestas a consultas o aclaraciones solicitadas por los interesados en el procedimiento de licitación, debemos partir de lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, en adelante LCSP.

Estrategia empresarial, una búsqueda incisiva del error en una fórmula de valoración, la necesidad de conseguir una adjudicación a cualquier precio, con la intención de entrar en la “rueda” de los contratos públicos. Son variados los motivos por los que, a veces, los licitadores, sobre todo en procedimientos en los que se exigen pre...

En primer lugar, hay que recordar lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), así como lo recogido en la Ley Orgán...

El relevo de José Luis Escrivá tendrá que hacer frente al nuevo despliegue de los fondos europeos para mejorar la digitalización de la economía española, así como llevar a cabo la modernización de las administraciones públicas.

Las ofertas ficticias, entendidas como aquellas que contienen precios irrisorios o que a todas luces no cubren costes, y que permiten conseguir la puntuación máxima asignada al precio en cuestión en detrimento de otras ofertas reales, suelen decantar la balanza de la adjudicación, quedando a un lado la calidad y otras propuestas de ...

En esta ocasión traigo de la mano la Resolución del Tribunal Administrativo Central 1550/2023 muy esclarecedora en todo lo concerniente a la capacidad de las personas jurídicas para contratar con el sector público.

En el ámbito de la Contratación Pública, la Unión Temporal de Empresas (UTE) es una figura legal regulada actualmente en el art. 69 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE...

Los acuerdos marco se encuentran configurados como un sistema de racionalización de la contratación, los cuales se caracterizan por preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco.

La Ley de Contratos del Sector Público, a través de su artículo 44, prevé la posibilidad de interponer recurso especial en materia de contratación frente a determinados actos reconocidos en su apartado segundo. No obstante, si bien esta herramienta se configura como un medio alternativo al recurso contencioso-administrativo, resulta...

'Potencial Digital' reunirá a expertos de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la transformación digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. El congreso se enmarca dentro de la Estrategia de Transformación Digital 2027 de Extremadura.

El 73% de los servicios está disponible online para usuarios de otros países de la UE. El principal motivo que lleva a los usuarios españoles a utilizar servicios online de la Administración Pública es la necesidad de realizar trámites administrativos y relacionados con la fiscalidad y los seguros.

El TJUE declara sobre la indemnización por daños y perjuicios, que las personas perjudicadas por una infracción del Derecho de la Unión en materia de contratación pública pueden solicitar con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665 cubrir el perjuicio sufrido como consecuencia de una pérdida de oportunidad.

Además de contribuir a mejorar la atención al ciudadano con el uso de la IA, el convenio contempla la apuesta de NTT DATA por la contratación y capacitación de profesionales en inteligencia artificial. "Agradecemos el trabajo de empresas como NTT DATA con la Administración Pública", destaca Isabel Díaz Ayuso.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha subrayado que "habrá cero papel en 2030”. Para ello, la Agencia Digital de Andalucía ha destinado a digitalización 532 millones de euros. Casi 300 organismos de la región han publicado alguna licitación TIC en el primer cuatrimestre.

A principios del mes de junio se hacía pública la adquisición de Savia por parte de Berger-Levrault. Este movimiento se enmarca en el plan estratégico a cinco años que la organización diseñó el pasado año, y del que hablamos con Bienvenido Espinosa Cano, director general de Berger-Levrault España, que nos comenta las sinergias obten...

El Esquema Nacional de Seguridad, tal y como está recogido en el artículo 2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, resulta de aplicación a las entidades del sector público, a las entidades del sector privado que les presten servicios competenciales y, en general, a la cadena de suministro de estas últimas, en la medida que un anál...