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Los departamentos jurídicos, ante el reto de innovar y usar la tecnología

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Justicia mazo

La demanda de información jurídica crece en las empresas, pese a que el 82% planea reducir el gasto en funciones legales. Así lo revela una encuesta de EY, que se detiene también en el análisis de por qué no se innova en esta área, que ya está teniendo problemas para atraer y retener el talento.

A partir de una encuesta realizada a más de 1.000 profesionales del sector legal en empresas de 25 países, EY realiza un análisis y concluye que la demanda de información administrativa de carácter jurídico ha crecido para el 87% de las compañías en los últimos cinco años y, sin embargo, el 82% planea reducir el gasto destinado a funciones legales en los próximos dos años.

El estudio, titulado “Reimagining the legal function report 2019” pone de relieve que el contexto actual retará a los servicios legales de las empresas a trabajar más, con menores niveles de inversión. Los resultados de la encuesta apuntan a que las empresas con más de 1.000 empleados prevén una reducción en costes legales del 15%, y que este porcentaje desciende a medida que disminuye el tamaño de la compañía, hasta alcanzar el 9% para aquellas con menos de 50 personas en plantilla. Por áreas geográficas, las empresas de Norteamérica prevén destinar de media un 13% menos a los servicios legales; mientras que las de Europa y Asia-Pacífico, últimas en la clasificación, planean reducciones de costes del 9%.

El análisis de EY muestra que cerca de tres de cada cinco empresas (el 59%) han considerado un reto atraer y retener talento que se adecúe a la función legal actual. En concreto, la mitad de las compañías encuestadas asegura haber tenido dificultades a la hora de contratar personal y haberlas resuelto, mientras que casi una de cada diez declaró haberlas tenido, pero no haberlas superado con éxito.

Otro de los retos señalados por las compañías reside en implementar la innovación en las tareas que implican la función legal. De media, cerca de dos tercios (64%) de las organizaciones encuestadas aseguran que otras funciones empresariales se han beneficiado más de la innovación que la función legal. Concretamente, en opinión del 79% de los profesionales que trabajan en empresas de más de 1.000 empleados, otros sectores se han beneficiado más que el legal dentro de su organización. Esta proporción que se reduce al 72% en las organizaciones de entre 500 y 1.000 empleados e, incluso, al 54% para las empresas de menos de 50 empleados. Aún así, los ratios sigue siendo elevados.

Al respecto, el socio responsable del área Legal de EY Abogados, Félix Plasencia, explica que “los departamentos jurídicos de las compañías están encontrando algunas dificultades en el acceso a las herramientas tecnológicas más innovadoras debido a circunstancias dispares. En EY pensamos que la tecnología es un factor diferencial y una herramienta clave en la prestación de nuestros servicios legales; estamos convencidos de que, realizando una adecuada externalización, las asesorías pueden unirse a la carrera del desarrollo tecnológico”.

Barreras a la innovación
El informe también hace hincapié en las principales barreras que tienen las compañías a la hora de implementar la innovación en la función legal. En este sentido, el 36% de los encuestados citó las presiones cotidianas como obstáculo, mientras que el 32% aludió a las limitaciones en el presupuesto y el 28% a la falta de gestión o interés. Otros impedimentos para las empresas son la falta de tecnologías adecuadas (21%), la inseguridad a la hora iniciar el proceso (16%), no contar con una propuesta innovadora clara (16%), los riesgos reputacionales y la falta de confianza en la tecnología (12%) o no considerar la innovación un factor relevante (4%).

Por otra parte, el análisis de EY muestra que el contexto en el que la función legal opera actualmente está impulsando a las empresas a reevaluar su modelo operativo y a externalizar un mayor número de servicios jurídicos. Concretamente, los resultados señalan que un 33% de las compañías encuestadas ya externalizan parte de sus actividades legales y que un 41% están considerando hacerlo.