Indra emite un comunicado tras su imputación en el caso Púnica
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Tras su imputación como persona jurídica por el juez del caso Púnica, que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, Indra ha emitido un comunicado en el que sostiene que su condición es de investigada y que ello no supone la acusación por ningún delito, y que los hechos investigados son anteriores a 2015, año en el que se produjo el relevo de Javier Monzón (también imputado) de la presidencia y del anterior equipo directivo.
Tras la imputación de Indra y su anterior presidente, Javier Monzón, en el caso Púnica por parte del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García-Castellón, la firma tecnológica ha dejado claro su postura en un comunicado.
La compañía tecnológica, como persona jurídica, y Javier Monzón tendrán que declarar dentro de un mes en el juzgado tras ser citados como parte investigada en el caso Púnica, por su posible vinculación a la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. En un comunicado, Indra defiende que los hechos investigados son anteriores al año 2015, fecha en la que se produjo el relevo en la presidencia y en la dirección de la compañía.
Asimismo, hace hincapié en que la condición de investigada solicitada por la Fiscalía y decretada por el magistrado no implica en esta fase del procedimiento la acusación por ningún delito, ni tiene efecto sobre la capacidad jurídica para contratar de Indra.
En los ocho puntos de la declaración que ha emitido, la firma destaca también que, a partir de ese año con la entrada del equipo que lidera Fernando Abril-Martorell, ha actualizado y reforzado su sistema de prevención de la comisión de actos ilícitos por parte de sus administradores y empleados. En este sentido, alude a que mantiene “exhaustivos controles de la legalidad de la actuación de sus directivos y empleados y de depuración de posibles conductas irregulares”.
Indra señala que, a la luz de lo internamente analizado, “si alguna conducta irregular se hubiera eventualmente producido en el periodo investigado, la misma se debió ejecutar violando los modelos de organización y de gestión y vigilancia aprobados en 2011 y que han sido reforzados y perfeccionados a partir del año 2015”.
Además, afirma que ha colaborado con la investigación aportando toda la documentación solicitada y entregando además al Juzgado, por iniciativa propia, todos y cada uno de los documentos y de la información que se han obtenido en las exhaustivas actuaciones de investigación interna realizadas por la Unidad de Cumplimiento de la compañía, y asegura que lo seguirá haciendo.
En el último punto del comunicado, expresa su confianza en la Justicia y concluye que “el hecho de que las presuntas conductas que se investigan se atribuyan a directivos y empleados que ya no forman parte de la compañía, unido al cambio radical de modelo de gestión y control llevado a cabo desde el relevo en el equipo de dirección, junto a la colaboración prestada por Indra a la Justicia, deberían determinar que no se extendieran a Indra y a sus más de 47.000 empleados consecuencias perjudiciales derivadas de aquellas conductas”.
