La Comisión estudiará la sentencia que exime a Apple de pagar 13.000 millones de euros

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La Comisión Europea estudiará cuidadosamente la sentencia del Tribunal General de la UE antes de dar nuevos pasos. Es la respuesta que ha dado la vicepresidenta de Margrethe Vestager al varapalo judicial.

 

El Tribunal General de la UE acaba de eximir a Apple de pagar los impuestos derivados de las ventajas fiscales que concedió en gobierno irlandés a la multinacional norteamericana entre 2003 y 2014, que en total ascendían a 13.000 millones de euros. 

Por tanto, la justicia le quita la razón a la Comisión Europea, que no ha logrado demostrar que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Irlanda y Apple constituían una ayuda estatal ilegal. La sentencia es un duro varapalo que cierra las puertas a evitar que determinados Estados apliquen ventajas fiscales que, a juicio de Bruselas, pueden dañar a otras compañías y al mercado interior europeo.

La primera reacción ha llegado por parte de la vicepresidenta de la Comisión Margret Vestager, que ha dicho que “estudiaremos cuidadosamente” la decisión y “reflexionaremos sobre los próximos pasos posibles”.

En su declaración oficial ha subrayado que la Comisión respalda plenamente el objetivo de que todas las empresas paguen su parte justa de impuestos pero da a entender que se reafirma en su opinión. “Si los Estados miembros otorgan a las empresas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la UE. También priva al erario público y a los ciudadanos de fondos para inversiones muy necesarias, cuya necesidad es aún más aguda en tiempos de crisis”, sostiene.

Además, Vestager asegura que la Comisión continuará analizando las medidas de planificación fiscal que resultan agresivas para las normas sobre ayudas estatales de la UE para evaluar si son ilegales.

La política, sobre la que recae la responsabilidad de Competencia, ha dicho también que “la aplicación de la ayuda estatal debe ir acompañada de un cambio en las filosofías corporativas y la legislación correcta para abordar las lagunas y garantizar la transparencia”.

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