Nueva consulta pública para identificar las áreas que requieren ayudas para la banda ancha

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España - Banda ancha

El Gobierno ha publicado una consulta pública sobre el listado preliminar de zonas blancas y grises, elaborada a partir de la información disponible de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación facilitada por los operadores. Su propósito es obtener la lista definitiva de las áreas que necesitan ayudas.

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Hasta el 29 de mayo, el Gobierno la consulta pública que tiene como objetivo llegar el listado preliminar de zonas blancas y grises, que necesitan de actuación para la extensión de la banda ancha. A través de esta iniciativa se obtendrá el listado definitivo de las zonas que recibirán ayudas dentro del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras digitales, que presentó el Gobierno el pasado 30 de noviembre de 2020 y que tiene una dotación de 2.320 millones de euros y cuyas medidas se han integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las zonas blancas son aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años. Las zonas grises incluidas en la consulta son aquellas en las que, aun teniendo cobertura o previsiones de cobertura de muy alta velocidad en los próximos tres años, es proporcionada por un solo operador y la velocidad es menor de 100 Mbps.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el incremento de la cobertura de banda ancha que se ha logrado a través del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA-NGA) en las últimas convocatorias y que alcanza ya al 95% de la población hace que la identificación de las zonas sin cobertura sea cada vez más complicada, ya que son cada vez más pequeñas y dispersas.

La consulta pública de zonas blancas y grises, junto con la consulta de manifestaciones de interés para la recepción de propuestas para extender la banda ancha de muy alta velocidad y adelantar el despliegue de 5G en zonas poco pobladas, permitirán definir los instrumentos de colaboración público-privada que faciliten la extensión de la cobertura de 100 Mbps al 100% de la población antes del año 2025.