“El Real Decreto de centros de datos lastra nuestra competitividad en Europa”, Emilio Díaz, SpainDC
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SpainDC, Asociación Española de Data Centers, ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto sobre centros de datos, una norma que, en palabras de Emilio Díaz, presidente de la asociación, no cuenta con el respaldo de ninguna compañía, comunidad autónoma o asociación, tal y como está redactado.
Según este responsable, “no se trata de algo sectorial, si no que hablamos de industria e inversión, y de la importancia de tener centros de datos en España”, y añadía que “hablamos de competitividad europea, donde hay regulaciones, pero ninguna como esta”.
Tal y como han dado a conocer en la rueda de prensa, celebrada esta mañana en la sede de la CEOE, en caso de que se apruebe el Real Decreto, tres asociados se han mostrado decididos a interrumpir sus inversiones en nuestro país. De hecho, la asociación estima que hasta un 80% de las inversiones estimadas hasta 2030, que se cifran en 66.900 millones de euros, podrían verse afectadas. A lo que se añade el impacto en la soberanía por el hecho de que los centros de datos acaben instalándose fuera de España.
Por su parte, Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación, destacaba que, si bien hasta el 27 de agosto “éramos el mercado más atractivo, desde ese día somos de los menos interesantes”. Según ha afirmado, “la incertidumbre jurídica que estamos provocando es inadmisible”, y añadía que “la España digital a la que aspiramos necesita una infraestructura que la sustente. La España de la IA necesita centros de datos”.
Para esta responsable, “la suma de las restricciones y obligaciones equivalen a una prohibición de facto. Es imposible que se puedan cumplir todos los requisitos del Real Decreto con la tecnología actual”, y apuntaba que detectan “defectos de forma y en las formas”, si bien se mostraban dispuestos a sentarse a hablar con el Ministerio.
Aunque no ha querido establecer comparaciones con otros sectores económicos, esta norma, opina, “discrimina a un sector y no al resto de la industria", recordando que el consumo eléctrico del sector apenas supone un 0,8% del total nacional”.
En palabras de Begoña Villlacís, “no nos podemos permitir perder esta oportunidad”, y advertía de que “las inversiones internacionales se han hecho en un marco legal que ahora cambia”, y esto puede provocar reclamaciones millonarias.
Igualmente, recalcaba que el proyecto de gigafactoría de IA que España ha presentado en Europa no cumpliría con los requisitos y exigencias de la nueva norma. Con todo, sentenciaba, “no podemos ir por el camino contrario al que ha definido Europa”.
