El Gobierno endurece los requisitos para nuevos centros de datos en España

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La avalancha de proyectos ha triplicado las previsiones iniciales para 2030. El decreto que prepara el Ejecutivo establece que los centros deberán abastecerse en un 80% con energía renovable adicional, cumplir criterios máximos de eficiencia y garantizar que los datos sensibles no salgan de la Unión Europea.

Los anuncios de nuevos proyectos de centros de datos en España se han multiplicado en los últimos años, hasta el punto de superar ampliamente las expectativas del propio Ejecutivo y del sector. Si la estimación para 2030 era un consumo energético de hasta 4 gigavatios, ya se han concedido más de 12 gigas de derechos de acceso a la red, más del triple de lo previsto.

Ante esta avalancha, el Gobierno ha decidido acelerar la aprobación del decreto que regulará las condiciones de los nuevos centros de datos, y que ha salido ayer a audiencia pública. El texto impondrá requisitos tanto en materia energética como de soberanía digital.

 

Energía renovable adicional y máxima eficiencia

En el ámbito energético, el decreto introduce dos obligaciones clave. La primera es que al menos el 80% del consumo deberá proceder de fuentes renovables.

La segunda es que esa energía deberá ser adicional, es decir, la instalación del centro deberá ir acompañada de un incremento real de la potencia renovable instalada en España, evitando distorsiones en el mercado eléctrico.

Esto obligará a los promotores a apostar por autoconsumo, almacenamiento energético o contratos de suministro a largo plazo.

Además, los centros con potencia superior a 1 megavatio deberán cumplir los máximos criterios de eficiencia energética, acreditados mediante una etiqueta similar a la de los electrodomésticos.

 

Los datos sensibles no podrán salir de la UE

El decreto también refuerza la soberanía digital. Todos los datos y registros procesados deberán permanecer en la Unión Europea, y se controlará el acceso desde terceros países. La obligación será aún más estricta para datos de administraciones públicas o relacionados con seguridad nacional.

Inicialmente, los promotores acreditarán el cumplimiento mediante una declaración responsable, pero el Gobierno verificará los requisitos anualmente, con sanciones en caso de incumplimiento que pueden llegar a anular la autorización del centro de datos.

El Ministerio para la Transformación Digital verificará el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración podrá derivar en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

Los proyectos que quieran acceder a la red deberán acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones. El incumplimiento acarreará penalizaciones crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, la revocación del derecho de acceso. Los proyectos ya en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse (tres meses si están pendientes de concurso de acceso).

Además, todos los centros de datos de más de 500 kW deberán remitir anualmente al MITECO información sobre su eficiencia y sostenibilidad. Los de más de 1 MW deberán acreditar también el cumplimiento de las mejores prácticas del código de conducta europeo sobre eficiencia energética.