Licitaciones desiertas: miles de millones bloqueados en la contratación pública

La Administración Pública afronta un escenario complejo marcado por el aumento de licitaciones que quedan sin adjudicar. Según un análisis de la firma tecnológica Intescia–Doubletrade, se registraron 9.819 concursos desiertos, lo que supone la paralización de más de 4.011 millones de euros de fondos públicos, con un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores.

La Comunidad de Madrid concentra el mayor volumen económico afectado, con 787,19 millones de euros sin ejecutar. Entre los casos más destacados figura la concesión para la construcción y explotación del Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes, con una dotación superior a los 366,7 millones de euros que no encontró adjudicatario.

 

Un problema estructural en la contratación

El análisis sitúa el importe medio por licitación desierta por encima de los 408.000 euros, lo que evidencia que el fenómeno afecta tanto a contratos menores como a proyectos de envergadura media y alta.

Por sectores, las actividades no residenciales concentran cerca del 14,9% del volumen económico afectado, seguidas de los servicios generales (13,4%) y los servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores (9,2%). También destacan los contratos vinculados al transporte y mercancías (8,9%) y los servicios de limpieza y recogida de residuos (5,9%).

Además, una parte relevante de estas licitaciones cuenta con financiación europea, lo que añade presión sobre los plazos y eleva el riesgo de pérdida de fondos si los proyectos no se materializan.

 

Factores que explican el aumento de concursos sin adjudicar

El incremento de licitaciones desiertas responde, en gran medida, a un desajuste entre los presupuestos fijados por la Administración y los costes reales del mercado. El encarecimiento de materias primas, el aumento de los costes laborales y la inflación no siempre se reflejan en los pliegos, lo que reduce el atractivo para las empresas.

A ello se suman la rigidez administrativa y la complejidad de los procesos de contratación, que elevan los costes indirectos de participación y afectan especialmente a pymes y proveedores locales.

También influyen factores como la incertidumbre económica y la percepción de riesgo en contratos de larga duración, que generan dudas sobre la rentabilidad futura de los proyectos.

 

Distribución territorial del impacto

El mapa de licitaciones desiertas muestra una concentración destacada en varias comunidades autónomas. Tras Madrid, se sitúan la Comunidad Valenciana con 709,12 millones de euros y Andalucía con 458,09 millones. Les siguen Castilla y León (387,88 millones), Canarias (252,82 millones) y Castilla-La Mancha (218,93 millones), entre otras.

Entre los proyectos más relevantes sin adjudicar figuran iniciativas en Valencia para la construcción de vivienda pública, contratos energéticos en Castilla y León o servicios de transporte y mantenimiento ferroviario en distintos territorios.

 

Comunicación, datos y adaptación del modelo

Otro de los retos identificados es la visibilidad de las licitaciones. La fragmentación de plataformas de contratación dificulta que muchas convocatorias lleguen a empresas capacitadas para ejecutarlas. Esta dispersión, junto con la falta de herramientas de análisis, limita la concurrencia y reduce la competencia.

En este contexto, crece el interés por soluciones de inteligencia de mercado y monitorización de la contratación pública, tanto por parte de empresas como de administraciones, con el objetivo de mejorar la planificación, identificar oportunidades y ajustar las condiciones de los contratos.

El escenario apunta a la necesidad de revisar los modelos de contratación para alinearlos con la realidad económica, simplificar procesos y garantizar que los recursos públicos puedan traducirse en proyectos efectivos y servicios operativos.