La ciudadanía reclama más protección legal y control sobre sus derechos en el entorno digital

La ciudadanía española considera prioritario reforzar la protección de los derechos digitales en ámbitos que afectan directamente a la vida cotidiana y a colectivos especialmente vulnerables, como los menores. Así lo recoge la Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, el primer estudio centrado en analizar el nivel de conocimiento de la población sobre estos derechos y su percepción sobre los riesgos, desafíos y oportunidades asociados al entorno digital.

La investigación ha sido elaborada por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y Fundación Hermes, en colaboración con la Universitat de Barcelona, dentro del marco del Observatorio de Derechos Digitales.

El estudio dibuja un amplio panorama sobre cómo la ciudadanía percibe la transformación digital y cuáles son las principales demandas sociales relacionadas con la protección de derechos en Internet.

 

Privacidad, protección de menores y control de plataformas

Entre las principales conclusiones destaca el amplio consenso sobre la necesidad de proteger legalmente determinadas actividades y derechos digitales. El 96% de los encuestados considera que la privacidad y la protección de datos personales deben contar con protección legal específica, mientras que el 94% reclama medidas frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales.

La mayoría de la población también considera prioritario garantizar el derecho al borrado de información personal en Internet, el acceso asequible a la red, la libertad de expresión en plataformas digitales y la existencia de algoritmos no discriminatorios. Asimismo, el 72% defiende el derecho a que las decisiones automatizadas puedan ser revisadas por personas.

En relación con la protección de menores, el estudio refleja una preocupación prácticamente unánime: el 95% considera que niños y adolescentes están poco o nada seguros en el entorno digital.

Existe además un fuerte respaldo social a medidas de protección específicas:

-     el 96% apoya el control parental,
-     el 91% defiende una edad mínima para el uso de smartphones,
-     y el 96% considera necesaria la regulación de la publicidad dirigida a menores.

 

Redes sociales, desinformación y discursos de odio

Las redes sociales aparecen como el principal foco de preocupación en relación con la difusión de noticias falsas y discursos de odio. El 88% de los encuestados identifica estas plataformas como el espacio donde más circula la desinformación, mientras que el 86% considera que son también el principal canal de propagación de mensajes de odio.

Ante este escenario, el 78% asegura comprobar habitualmente la veracidad de los contenidos que consume en Internet, ya sea mediante otras fuentes online o recurriendo a medios externos.

La encuesta también pone de relieve el impacto del acoso digital, especialmente entre la población joven. Un 33% de las personas entre 18 y 29 años afirma haber sufrido situaciones de acoso en Internet.

 

Más regulación para la Inteligencia Artificial y las grandes tecnológicas

La investigación muestra igualmente una creciente preocupación sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas y el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El 88% de la ciudadanía considera que las compañías tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% cree que manejan una cantidad excesiva de información personal. Aun así, un 64% reconoce que estas empresas desarrollan actividades beneficiosas.

Respecto a la Inteligencia Artificial, el 77% de los encuestados reclama una regulación más estricta y el 56% preferiría que el desarrollo de esta tecnología avanzara de forma más pausada. Pese a ello, casi la mitad considera que la IA puede tener efectos positivos en su vida.

 

Brecha digital y competencias tecnológicas

El estudio refleja también importantes diferencias generacionales y educativas en el uso de herramientas digitales.

Mientras nueve de cada diez personas entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de utilizar, ese porcentaje desciende significativamente entre mayores de 60 años y personas con menor nivel educativo.

La brecha se aprecia especialmente en la relación con la administración digital. Entre el 70% y el 80% de la población de entre 18 y 59 años considera que la digitalización de los servicios públicos facilita su vida cotidiana, pero ese porcentaje cae al 49% entre las personas mayores de 60 años. En este grupo, un 40% afirma que los trámites online dificultan su relación con los servicios públicos.

 

Derechos digitales como una preocupación cotidiana

La investigación concluye que los derechos digitales han dejado de percibirse como un debate abstracto para convertirse en una preocupación ligada a la vida diaria de la ciudadanía.

Aunque siete de cada diez personas afirman haber oído hablar del concepto de “derechos digitales”, un 28% reconoce no saber explicarlo, lo que evidencia la necesidad de reforzar la alfabetización y la divulgación sobre esta materia.

Durante la presentación del informe participaron representantes institucionales y expertos vinculados al Observatorio de Derechos Digitales. Entre ellos, María González Veracruz, quien destacó la importancia de garantizar en el entorno digital los mismos derechos que existen fuera de Internet.

También intervinieron Luisa Alli, Jesús Herrero, David Casado y Jordi Muñoz, quienes coincidieron en señalar la necesidad de establecer reglas claras, mecanismos de protección efectivos y medidas concretas frente a los riesgos digitales.