Subcontratación y DEUC: el error formal no puede convertirse en una segunda oportunidad

Tamara Gómez, KALAMAN CONSULTING

Una casilla marcada en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) puede llegar a decidir una adjudicación. Pero la cuestión no es si lo declarado en esa casilla debe cumplirse de forma estricta, sino qué ocurre cuando el licitador afirma que no recurrirá a la subcontratación y, posteriormente, identifica a un tercero en la documentación de su oferta. No cualquier discrepancia justifica la exclusión, pero tampoco cualquier contradicción puede resolverse mediante una subsanación. Entre ambos extremos hay una cuestión jurídica que exige distinguir cuándo estamos ante un simple defecto formal y cuándo se está modificando o completando la oferta.

Esta distinción se apoya en tres preceptos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). El artículo 139.1 establece que las proposiciones deben ajustarse a los pliegos y vinculan al licitador; el artículo 141 regula la documentación declarativa y su posible subsanación; y el artículo 215 regula la subcontratación y distingue entre la información que debe facilitarse al presentar la oferta y las comunicaciones que corresponden a la fase de ejecución. La lectura conjunta de estos preceptos permite descartar dos soluciones igualmente inadecuadas: que cualquier contradicción en el DEUC justifique la exclusión o que cualquier rectificación pueda admitirse por el simple hecho de presentarse como una aclaración.

La doctrina no es uniforme respecto a este asunto, pero tampoco es necesariamente contradictoria. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, en las Resoluciones 260/2024 y 29/2026, confirma exclusiones en supuestos en los que la empresa declaró inicialmente que no subcontrataría y trató después de incorporar a terceros para ejecutar prestaciones sujetas a una habilitación profesional específica de la que ella carecía. La cuestión ya no era la forma de cumplimentar el DEUC sino que se pretendía completar extemporáneamente un presupuesto de aptitud. En estos casos, el problema no estaba en cómo se había cumplimentado el DEUC, sino en que se pretendía incorporar después un requisito necesario para ejecutar correctamente el contrato. Ni el escaso peso económico de la prestación ni el carácter involuntario del error alteraban esta conclusión.

La respuesta puede ser distinta cuando la intención de subcontratar ya se desprendía claramente de la documentación presentada dentro del plazo de presentación de ofertas. Así sucede en las Resoluciones 661/2024 y 1012/2024 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En estos casos, pese a una indicación defectuosa o negativa en el DEUC, otros documentos iniciales identificaban las actividades a realizar mediante empresas autorizadas o un laboratorio acreditado. También la Resolución 248/2025 del Tribunal de Canarias rechaza una exclusión automática al constar en la memoria técnica la previsión de acudir a terceros y admitir los pliegos esas prestaciones subcontratadas. En estos supuestos, la aclaración no sirve para añadir algo nuevo a la oferta, sino para precisar una información que ya figuraba en ella.

Especial interés tienen dos resoluciones sucesivas referidas a un mismo contrato, a saber, la 1033/2025 y la 1784/2025 del TACRC. En la primera, el Tribunal anula la adjudicación y considera necesario aclarar la contradicción entre el DEUC, en el que se negaba la subcontratación, y la memoria técnica, que contemplaba esa posibilidad para los vehículos de gran capacidad. En la segunda, admite la aclaración del licitador, que manifestó que ejecutaría toda la prestación con medios propios. El Tribunal aprecia que la referencia de la memoria no concretaba ni importe ni subcontratista y que la respuesta no alteraba materialmente la oferta. Se trata, por tanto, de una solución vinculada a las circunstancias concretas del expediente, no de una autorización general para modificar o completar las ofertas una vez conocidas las de los demás licitadores.

También conviene distinguir entre la subcontratación de una prestación y la integración de la solvencia con medios externos, regulada en el artículo 75 LCSP. No son conceptos equivalentes ni producen las mismas consecuencias. El OARC del País Vasco, en su Resolución 028/2025, recuerda precisamente que una empresa solvente por sí misma puede recurrir a subcontratistas durante la ejecución en las condiciones del artículo 215 LCSP. Y la Resolución canaria 053/2026 advierte que declarar “no subcontratar” no demuestra por sí solo un incumplimiento del pliego técnico. Para apreciar ese incumplimiento es necesario que resulte de forma clara y objetiva del contenido de la oferta, sin que baste con hacer suposiciones sobre cómo organizará el adjudicatario la ejecución del contrato.

La declaración del DEUC es relevante y no puede ignorarse, pero tampoco debe examinarse de forma aislada. Lo determinante es comprobar qué consecuencias tiene la contradicción y si su corrección modifica realmente la oferta. Puede admitirse la aclaración de una declaración formal que ya aparece desmentida por otros documentos presentados dentro de plazo. Lo que no cabe es utilizar la subsanación para incorporar después la habilitación profesional, la solvencia o los elementos esenciales del esquema de ejecución que faltaban al presentar la proposición.