Éstas son las buenas prácticas en contratación pública que propone el sector TI
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La patronal decana de tecnología, AMETIC, acaba de presentar un manual de recomendaciones y buenas prácticas en la contratación pública en el que insiste en la necesidad de que el precio no sea el criterio determinante en una adjudicación.
La Comisión del Sector Público de AMETIC un manual de buenas prácticas con recomendaciones para abordar los procedimientos de contratación pública de proyectos TIC con la máxima transparencia y libre concurrencia.
Entre las recomendaciones, AMETIC propone que la Administración promueva un Plan de Impulso de las tecnologías habilitadoras en colaboración con el sector privado. Además, también plantea que se promueva la compra pública innovadora y aconseja que se establezca una política que priorice los servicios en la nube como tecnología habilitadora de la transformación digital de las Administraciones Públicas. Todo ello, a su juicio, “estimulará la innovación y la creación de nuevos modelos de negocio”.
Según la asociación, una de las principales mejoras de la Ley 9/2017 de contratación del sector público (LCSP) es la posibilidad de realizar estudios de mercado y dirigir consultas a terceros especializados para garantizar que los procedimientos de contratación estén mejor alineados con la adopción de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, se debe solucionar la falta de concreción sobre cómo realizar estas consultas, así como la inseguridad jurídica que suponen para las empresas que participan.
Además, el manual destaca que en los contratos del sector público relacionados con las Tecnologías de la Información, el precio no debe ser el criterio determinante para conceder la adjudicación. En este punto, se recomienda el uso de fórmulas de estimación económica que sean proporcionales al precio y no distorsionen la valoración global de las ofertas en términos de calidad/precio. Asimismo, sostiene que hay que fomentar las herramientas que hagan más objetivos algunos criterios transformando en cuantificable el uso de los valores recogidos en los instrumentos.
Los autores del documento consideran también indispensable establecer criterios de independencia tecnológica y funcional en las herramientas TI que soportan el funcionamiento de las administraciones.
