España tendrá una Carta de Derechos Digitales: comienza su preparación
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El Gobierno ha dado el primer paso para crear un Carta de Derechos Digitales con la constitución de un grupo de expertos que le asesorará. El documento desarrollará la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales, teniendo en cuanta el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, entre otros aspectos.
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El Gobierno ha dado el primer paso para elabrorar una nueva Carta de Derechos Digitales para España con la constitución de un grupo de expertos que actuará como asesor, que está formado por profesionales del ámbito digital, desde juristas y representantes de usuarios y de internautas hasta profesores y catedráticos de derechos digitales, consultores tecnológicos y de ciberseguridad, etc. Son Borja Adsuara, Moisés Barrio, Manuela Battaglini, Tomás de la Quadra-Salcedo,Susana de la Sierra, Celia Fernández Aller, Enrique Goñi, Simona Levi, Paloma Llaneza, Ricard Martínez, Miguel Pérez Subías, José Luis Piñar, Argelia Queralt, Javier Ruiz Díaz, Emilia Saiz, Ofelia Tejerina y Carissa Véliz.
En paralelo se desarrollará una consulta abierta, en la que podrá participar el conjunto de la ciudadanía, y cuyo resultado servirá igualmente como contribución para los trabajos de este grupo.
“La redacción final de la Carta por parte del Gobierno incorporará las contribuciones que lleguen desde ambos ámbitos”, explica el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.
En la actualidad, el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dedicado a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, proclama derechos muy importantes como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales.
Con el fin de completar y desarrollar este marco normativo, el Gobierno ha lanzado el proceso de elaboración de esta Carta, únicamente dedicada a los derechos digitales, para incluir algunos todavía no recogidos en el citado Título X. Es el caso de los que tienen que ver con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
