La Comisión Europea propone nuevas normas de transparencia para los criptoactivos
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Bruselas quiere ampliar la transparencia fiscal de las operaciones que se realicen con criptoactivos. La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevas normas aplicables a todos los proveedores de servicios que faciliten las operaciones con criptoactivos a clientes residentes en la Unión Europea.
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La propuesta de la Comisión Europea, que complementa el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y las normas contra el blanqueo de capitales, persigue una mayor transparencia fiscal para las operaciones realizadas con criptomonedas porque, según ha explicado en un comunicado, las autoridades tributarias carecen actualmente de la información necesaria para controlar los ingresos obtenidos mediante el uso de criptoactivos, que se negocian fácilmente más allá de las fronteras. "Esto limita gravemente su capacidad para garantizar el pago efectivo de los impuestos, de manera que los ciudadanos europeos pierden importantes ingresos fiscales", señala el organismo.
Por eso, la intención de la Comisión exigirá, para mejorar la capacidad de los Estados miembros para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales, que todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño o ubicación, que notifiquen las operaciones de clientes residentes en la UE.
La norma también tiene como objetivo establecer un nivel mínimo común de sanciones para las situaciones de incumplimiento grave, por ejemplo, la falta total de notificación a pesar de los recordatorios administrativos.
Además, la Comisión propone ampliar al dinero electrónico y las monedas digitales las obligaciones de información de las entidades financieras, y también ampliar el ámbito del intercambio automático de información a los acuerdos previos con efecto transfronterizo utilizados por particulares con un elevado patrimonio neto.
Esta propuesta se presentará al Parlamento Europeo para su consulta y al Consejo para su adopción, y se prevé que los nuevos requisitos de información entren en vigor el 1 de enero de 2026.
