La Ley de Equidad Digital europea busca acabar con las prácticas comerciales manipuladoras en Internet

  • Normativas
add to cart

La propuesta de la Comisión Europea pretende reforzar la protección de las personas consumidoras frente a los patrones oscuros, las suscripciones difíciles de cancelar, los diseños adictivos y la publicidad poco transparente.

La Comisión Europea ha presentado formalmente su propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), una iniciativa legislativa destinada a adaptar las normas de protección de las personas consumidoras a las particularidades del mercado digital. Su objetivo es garantizar que las plataformas y los operadores en línea cumplan los mismos principios de transparencia, honradez y equidad exigidos en el comercio tradicional.

La propuesta pretende combatir las prácticas empresariales que condicionan o manipulan las decisiones de compra, favorecen el gasto compulsivo o dificultan la contratación y cancelación de servicios. Para ello, plantea nuevas obligaciones para las empresas y mayores garantías para las personas usuarias de páginas web y aplicaciones móviles.

 

Principales novedades de la Ley de Equidad Digital

La iniciativa aborda distintas prácticas comerciales y de diseño que pueden perjudicar los intereses de los consumidores en los entornos digitales.

-     Prohibición de los patrones oscuros y las tácticas manipuladoras. La propuesta contempla prohibir las falsas urgencias comerciales, como los avisos engañosos que anuncian que solo queda una unidad de un producto o que otros usuarios están consultando una oferta. También pretende acabar con los mensajes diseñados para generar culpabilidad en quienes rechazan una compra o una suscripción.

-     Suscripciones más fáciles de gestionar y cancelar. Las empresas deberán ofrecer mecanismos sencillos y accesibles para poner fin a contratos y suscripciones digitales, con un procedimiento tan fácil como el utilizado para formalizar la contratación. La iniciativa también aborda las renovaciones automáticas no deseadas y los periodos de prueba gratuitos que se transforman en pagos recurrentes sin el consentimiento expreso de la persona consumidora.

-     Diseño digital equitativo y protección frente a dinámicas adictivas. Las personas usuarias podrán desactivar características de diseño que favorezcan un consumo excesivo o compulsivo, como las notificaciones insistentes, los avisos persistentes o la reproducción automática continua. La propuesta también establece restricciones para las prácticas comerciales dirigidas a menores, incluidas las dinámicas similares a los juegos de azar, los modelos de pago para obtener ventajas o progresar y la publicidad personalizada basada en datos sensibles.

-     Mayor transparencia en el marketing de influencers. Los creadores de contenido deberán identificar con claridad las colaboraciones y publicaciones de carácter comercial. Esta obligación busca evitar la publicidad encubierta y reforzar la protección de los públicos más jóvenes.

-     Información transparente sobre los precios. La propuesta regula el uso de precios dinámicos y de monedas virtuales integradas en aplicaciones. Las empresas deberán facilitar información clara sobre el coste final de los productos y servicios, evitando que los mecanismos de pago dificulten conocer el importe real de una operación.

Derecho a recibir atención humana y garantías para las compras con IA. La iniciativa reconoce el derecho de las personas consumidoras a comunicarse con un interlocutor humano en los servicios de atención al cliente. También establece directrices para proteger sus derechos cuando utilicen agentes de inteligencia artificial que realicen compras o gestionen operaciones en su nombre.

 

Hacia un mercado digital más transparente y equilibrado

Desde organismos como Kontsumobide, la propuesta europea aborda cuestiones especialmente relevantes para la protección de los consumidores, ya que muchas de las prácticas señaladas generan consultas y reclamaciones relacionadas con las compras, las suscripciones y la publicidad en Internet.

La Comisión Europea estima que las medidas podrían representar un ahorro de hasta 13.700 millones de euros anuales para las personas consumidoras de la Unión Europea. La iniciativa pretende, además, equilibrar las relaciones entre empresas y usuarios, reforzar la capacidad de actuación de las autoridades de consumo y facilitar la persecución de prácticas comerciales abusivas que operan a escala transfronteriza.

La propuesta deberá completar su tramitación institucional en la Unión Europea, donde será objeto de debate antes de su eventual adopción definitiva.

⇒