Sólo un tercio de las empresas españolas utiliza protección anti-DDoS
- Seguridad
Un estudio pone de manifiesto que todavía hay un número significativo de compañías que no utilizan este tipo de seguridad (25%), o lo hacen sólo en parte (43%).
Los resultados de la encuesta realizada por Kaspersky Lab y B2B Internacional muestran que únicamente el 32% de las empresas españolas está totalmente protegida contra las amenazas DDoS. Por el contrario, existe un 25% que no utiliza este tipo de protección y un 43% que sólo la usa en parte. Curiosamente, la mayoría de las empresas sin protección anti-DDoS pertenecen al “grupo de riesgo”; es decir, aquellas industrias que son atacadas con frecuencia como medios de comunicación (36%), sanidad y educación (31% en ambos). Esto, a juicio del fabricante, puede motivar la pérdida del acceso a sus sistemas críticos de negocio, lo que a su vez ocasionaría no sólo pérdidas financieras, sino también daños a la reputación.
Estos datos contrastan con otras opiniones de los encuestados. Y es que más de la mitad de las empresas españolas cree que la inversión en protección frente a ataques DDoS está justificada, y un número similar de encuestados piensa que la seguridad anti-DDoS es un importante requisito para su infraestructura de ciberseguridad. En el caso de las empresas de telecomunicaciones y financieras, las cifras son de 85% y 79%, respectivamente.
Por otra parte, la encuesta también revela que el 27% de las empresas españolas cita la estabilidad de los sistemas críticos como una de sus prioridades, pero sólo el 15% confirma la intención de implementar soluciones anti-DDoS en un futuro próximo. Al mismo tiempo, las bases de datos, el correo electrónico, las páginas web y otros servicios online, cuyo funcionamiento es fundamental para casi todas las empresas, pueden verse fácilmente alteradas por el ataque más sofisticado. Por ejemplo, según esta encuesta, un solo ataque DDoS puede costar a una compañía más de 350.000 euros a causa de la interrupción de los procesos de negocio y los costes de la recuperación, multas, etc., sin tener en cuenta el daño a su reputación y el tiempo y recursos que se necesita para restablecer la confianza de los clientes.
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