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El nuevo impuesto medioambiental catalán lastrará las inversiones en fibra y 5G, según DigitalES

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La patronal más joven del sector tecnológico, DigitalES, advierte al Gobierno catalán de que su Proyecto de Ley por que se establece un impuesto sobre las instalaciones y los elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones, tendrá un impacto negativo en el despliegue de fibra óptica y 5G.

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DigitalES se ha pronunciado respecto al Proyecto de Ley del Gobierno catalánque establece un impuesto propio de la Generalitat sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y que grava las actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, así como, los elementos fijos de transporte de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones. El próximo martes se cierra el plazo de enmiendas a este proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Para esta asociación sectorial, que reúne a las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones del país, la nueva figura recaudatoria resulta “innecesaria” para una actividad no contaminante y que no genera daño medioambiental, como es el de las comunicaciones. Alicia Richart, directora general de la asociación empresarial, ha señalado que “la instalación de redes o la actividad que implica no genera daño medioambiental. La exigencia de este impuesto condicionado al impacto visual de las redes resulta contradictoria con los objetivos públicos de despliegue y desarrollo de la sociedad digital”.

La asociación sectorial señala que un impuesto de nueva creación genera inseguridad jurídica e incrementa la incertidumbre, “provocando desconfianza sobre la conveniencia de realizar inversiones en el futuro”. El aumento de la presión fiscal sobre un sector “hiper-gravado” es, a juicio de Richart, una de las mayores amenazas para “el desarrollo digital del mercado y compromete el nivel de desarrollo tecnológico necesario para hacer a las empresas catalanas más competitivas”.

En este escenario, DigitalES señala que este nuevo impuesto “supondrá una reducción de las inversiones equivalente al impacto del impuesto, tanto en el despliegue de fibra óptica como de tecnología móvil 5G, debilitando la posición de esta CCAA respecto a otras”. Además, este impuesto “repercutirá en el precio de venta de los productos y servicios y en posibles ajustes en los costes laborales”.

La actividad del sector de las telecomunicaciones representó 7.950 millones de euros en Cataluña, lo que supone un 3,5% de su Producto Interior Bruto en el año 2017. La patronal destaca el papel fundamental de la inversión privada en infraestructuras para el desarrollo del ecosistema tecnológico catalán, y destaca que actualmente los operadores emplean en Cataluña a más de 4.100 trabajadores.

Por otro lado, DigitalES ha destacado que las telecomunicaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente, por la reducción de los desplazamientos de la población debido a la posibilidad de la gestión remota y la optimización de procesos que permite en la agricultura, la fabricación, en la gestión de ciudades (smart cities) y, sobre todo, de rutas logísticas.

 “La fibra y el 5G permitirán duplicar la velocidad y la capacidad de la red cada año reduciendo el consumo de energía gracias a la eficiencia y a las renovables”, dice Richart.