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El Gobierno suaviza la tasa Google para evitar represalias de Estados Unidos

  • Actualidad

María Jesús Montero

La carta enviada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos a España, Francia, Italia y Reino Unido, en la que amenazaba con aplicar fuertes aranceles a algunos productos si continuaban adelante con el impuesto digital, conocido como la tasa Google, parece que ha surtido efecto. En una carta firmada por los titulares de Hacienda de los cuatro países enviada a Steve Mnuchin ofrecen ralentizar su aplicación y se abren a negociar el mismo.

Las amenazas de Estados Unidos a cuatro de las principales economías europeas (España, Francia, Italia y Reino Unido) parece que ha surtido efecto. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha firmado junto a sus homólogos europeos, una carta que se ha enviado al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, en el que propone ralentizar la aplicación de la tasa Google. La carta, a la que ha tenido acceso El Mundo, es la respuesta a la que envió Mnuchin la semana pasada a estos cuatro países en los que amenazaba con imponer aranceles a las exportaciones de aquellos países que aplicaran el polémico impuesto de forma unilateral.

Para evitar la aplicación de estos aranceles (en el caso de España, los productos más perjudicados podrían ser el aceite y el vino, que ya en 2019 estuvieron amenazados con la imposición de aranceles de entre el 10% y el 25% de su valor en aduana), los cuatro países ofrecen implantar la tasa Google por fases (al principio sólo afectaría a los servicios digitales más automatizados), lo que ralentizaría su aplicación, además de que se abren a negociar el mismo.

A pesar de que, según El Mundo, el tono de la carta es conciliador, en ella también se critica la actitud de la Administración Trump. "Sugerir que Estados Unidos podría tomar represalias contra decisiones fiscales nacionales no sería ni en interés de EE.UU. ni de Europa ni coherente con la calidad de las relaciones entre aliados".

Los cuatro países recuerdan a Estados Unidos la necesidad de que las empresas tecnológicas paguen impuestos allí donde generen ingresos, algo que califican como “justo y legítimo”.

Las amenazas de Estados Unidos han sido constantes desde que se conociera la intención del Gobierno de España de aprobar la tasa Google. A pesar de éstas, y hasta la semana pasada, María Jesús Montero ha defendido su aplicación al considerar que la arquitectura tributaria "está pensada para la economía de hace 20 años" y que " no se ha construido una fiscalidad acorde" a la economía digital, ya que las empresas tradicionales pagan proporcionalmente un mayor volumen de impuestos. Asimismo, en más de una ocasión ha criticado la actitud de Estados Unidos llegando a afirmar, cuando el Consejo de Ministros aprobó la tasa Google, que “el señor Trump no puede convertirse en un dirigente que diga a los países de la UE lo que tienen que hacer. Europa no va a dejar que ninguna potencia la chantajee”

A priori, la tasa Google, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario, gravará con un 3% a las ingresos que las grandes tecnológicas (aquellas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España) obtengan de los servicios de publicidad dirigida online, servicios de intermediación online y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario, y quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista, cuando no actúe como intermediario.

El impuesto digital cuenta con el rechazo de las principales asociaciones sectoriales españolas. AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), emitieron un manifiesto en el que rechazaban el desarrollo unilateral de un impuesto digital en España, y pedían al Gobierno de Sánchez que reconsiderase su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.

Entre las razones que esgrimen estas asociaciones figuran la necesidad de digitalización de la economía, que el impuesto puede perjudicar a las empresas (principalmente pymes) y la necesidad de ceñirse a un acuerdo global.