Aprobada la Tasa Google: menos previsiones de ingresos y sin efecto hasta diciembre

Tal y como se preveía, el Consejo de Ministros acaba de aprobar la tasa Google o, lo que es lo mismo, el impuesto sobre los servicios digitales .A grandes rasgos, se impone un impuesto del 3% sobre la facturación en España de aquellas empresas digitales que facturen al año más de 750 millones a nivel global y 3 millones en España y que se dediquen a la “venta de espacio publicitario on line, actividades de intermediación en plataformas digitales o la venta de datos de sus usuarios”.

Aunque en un primer momento las previsiones el Gobierno eran recaudar 1.200 millones de euros anuales gracias a la tasa Google, el Ejecutivo ha reducido éstas a 968 millones de euros, debido, fundamentalmente, “a la ralentización de la economía”, tal y como ha explicado en rueda de prensa María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, quien ha destacado que la aprobación del impuesto sobe determinados servicios digitales se debe a la necesidad de “avanzar hacia un sistema fiscal más justo” adaptado a la nueva realidad económica. “Tenemos que mejorar el sistema tributario”.

En su opinión, es imperativo que “no nos quedemos anclados en el pasado” y “continuar teniendo un sistema tributario caduco” que, además, fomente “la competencia desleal” entre los negocios digitales y aquellos que operan de manera tradicional.

Montero ha remarcado que el Gobierno va a continuar apostando por “la justicia tributaria”, afirmando que “para tener un sistema de bienestar fuerte, tenemos que tener un sistema tributario en el que más tiene más aporte” y ha incidido que el impuesto “no lo va a pagar ni la clase media, ni las PYMES, ni los autónomos, ni las startups”.

España “está modernizando el sistema fiscal para que sea más retributivo”, ha destacado la ministra de Hacienda, que ha asegurado que la tasa Google “está inspirada en la propuesta de la Comisión Europea” y ha recordado que “otros países” europeos “están aprobando este tipo de impuesto”.

Pese a su aprobación, el impuesto no se empezará a cobrar hasta el 20 de diciembre, aunque, como explicó ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, tendrá carácter retroactivo. Los motivos son varios: por una parte, la OCDE está tratando de negociar el diseño de un impuesto global y, por otra, el Gobierno de Trump ha amenazado a los países que impongan esta tasa con aranceles a todos los productos que exportan a Estados Unidos. A este respecto, Montero ha asegurado que "nuestras relaciones con Estados Unidos son fluidas", con lo que no temen represalias. "Nuestra tarea es desarrollar una fiscalidad justa", aunque "nuestra prioridad es que haya una fiscalidad global". 

Los franceses, que fueron los primeros en aprobar este tipo de impuesto, lo han congelado temporalmente para dar tiempo a la OCDE de presentar, y a que los países aprueben, una tasa acordada internacionalmente, aunque la intención de Macron es reactivarlo si este acuerdo no llega pronto. También ha podido influir la postura de Trump, que podría dañar, por ejemplo, las exportaciones al vino galo. En España, los productos más perjudicados serían el aceite y el vino, que ya en 2019 estuvieron amenazados con la imposición de aranceles de entre el 10 y el 25% de su valor en aduana.

Además, con la decisión de cobrar el impuesto a finales de año, el Gobierno también busca “permitir que las empresas se adapten”. A partir del año que viene, el impuesto se cobrará trimestralmente. 

Bárbara Madariaga