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Expertos españoles recomiendan un grupo de trabajo público-privado para aprovechar los fondos europeos

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Un grupo formado por empresarios, directivos y expertos de universidades y de centros de investigación económica creen que la colaboración Gobierno-empresa es esencial para poder aprovechar los fondos europeos. Por eso, piden la creación de un grupo de trabajo, coordinado por Presidencia del Gobierno, con empresas y Comunidades Autónomas.

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Los expertos consideran que será crucial la colaboración entre la Administración y las empresas para que nuestro país sea capaz de sacar el máximo provecho de las ayudas para la reconstrucción aprobadas por la Unión Europea, según PwC, que ha realizado una encuesta sobre El Fondo Europeo de Recuperación, realizada por PwC entre un colectivo de empresarios, directivos y personal de universidades y centros de investigación económica.

El 44,2% de los participantes cree que sería necesaria la creación un grupo de trabajo, coordinado por la Presidencia de Gobierno, que se ocupe de preparar los proyectos en estrecha colaboración con las empresas españolas y con las Comunidades Autónomas.

No obstante, los expertos, directivos y empresarios que han participado en el informe no las tienen todas consigo y temen que la falta de información no permita a nuestras empresas sacar el máximo provecho de los fondos. Sólo el 9,6% de los encuestados asegura que el sector privado es plenamente consciente de su existencia y de cuáles son los procedimientos para poder acceder a los mismos, y un 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las empresas sobre cómo plantear propuestas viables y de qué tipo de proyectos serán financiados por el programa de recuperación. En este sentido, la reciente creación de una Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos por parte de la CEOE y de PwC para dar apoyo técnico a las compañías y aprovechar de la manera más eficaz los recursos procedentes del Fondo Europeo de Recuperación podría mitigar este riesgo.

Pero, además, los encuestados señalan tres obstáculos que podrían impedir absorber los fondos europeos y lograr la transformación de la economía. El primero de ellos, según el 77,1% de los entrevistados, es la fragmentación y la polarización política, que reduce el escrutinio y el peso de los argumentos técnicos. El segundo, para el 54,3% de los expertos, se centra en el hecho de contar con una Administración Pública poco ágil y excesivamente burocratizada. Y el tercero -según el 41,9%-tiene que ver con la actual estructura territorial del Estado y con los problemas de coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las reformas más urgentes
Como explica PwC, por lo que se conoce hasta la fecha, los fondos europeos, tienen como grandes objetivos la transformación digital, verde e inclusiva, y la intención es que sean estos proyectos los que aglutinen un mayor apoyo económico. Sin embargo, cuando se les pregunta a los directivos y empresarios sobre si estas prioridades responden a las necesidades de la economía española, no hay una opinión claramente definida, aunque la mayoría (40%) considera que estos objetivos son lo suficientemente genéricos como para poder incluir bajo cada uno de ellos las grandes inversiones que necesita nuestro país. Otro 38,7% cree, sin embargo, que estos ejes no coinciden con las prioridades de nuestro país.  

Si se pudieran pactar cinco grandes reformas ambiciosas para nuestra economía, los encuestados apuestan, en este orden de prioridad, consideran fundamentales cinco: educación (68,6%), mercado laboral (50,4%), Administración Pública (48,6%), y una reorganización de la fiscalidad (40%)..

Los expertos y directivos también se han pronunciado, entre otras cuestiones, sobre el grado de condicionalidad que, finalmente, irá asociado a la utilización del Fondo de Reconstrucción. El 61,3% de los encuestados se muestra contrario a que estas ayudas no tuvieran condicionalidad y se incorporaran a los presupuestos nacionales sin mayor control posterior, y el 41,5% asegura que deben estar sujetos a una estricta condicionalidad, similar a la de los programas de rescate que se produjeron, entre 2010 y 2013, para evitar el riesgo de que no se utilicen correctamente.