El Senado da luz verde a la tasa Google y a la tasa Tobin

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La tasa Google y la tasa Tobin ya han pasado el trámite del Senado. La Cámara Alta ha aprobado los dos polémicos impuestos que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo del Gobierno con estos impuestos es “adecuar el sistema fiscal español a las nuevas áreas de negocio digital y a la realidad transfronteriza que supone la globalización y que no se encuentran actualmente bien reflejadas en el marco tributario vigente”, por lo que, según el Ejecutivo, su aprobación permite “que el sistema fiscal evolucione en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología con la idea de seguir siendo la principal herramienta para sostener y fortalecer el Estado del Bienestar y avanzar en la redistribución de la riqueza”.

El Gobierno incide en que estos impuestos no afectarán “a las clases medias y trabajadoras”, sino que gravará a “las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente en el sistema fiscal y, por otra parte, a los intermediarios financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas”. La aprobación de estos impuestos “permite un sistema fiscal más justo en el que aporte más, quien más capacidad tenga”.

Con la tasa Google se impone un impuesto del 3% sobre la facturación en España de aquellas empresas digitales que facturen al año más de 750 millones a nivel global y 3 millones en España y que se dediquen a la “venta de espacio publicitario online, actividades de intermediación en plataformas digitales o la venta de datos de sus usuarios”. Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

Con este impuesto se pretende recaudar 968 millones de euros anuales, casi 300 millones de euros menos de las previsiones iniciales del Gobierno.

El impuesto digital cuenta con el rechazo de las principales asociaciones sectoriales españolas. AMETIC, IAB Spain, la Asociación Española de Startups y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), emitieron un manifiesto en el que rechazaban el desarrollo unilateral de un impuesto digital en España, y pedían al Gobierno de Sánchez que reconsiderase su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional.

Entre las razones que esgrimen estas asociaciones figuran la necesidad de digitalización de la economía, que el impuesto puede perjudicar a las empresas (principalmente pymes) y la necesidad de ceñirse a un acuerdo global. 

A esto hay que unir las amenazas realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, que podría aplicar fuertes aranceles a productos de aquellos países que apliquen la tasa Google. En el caso de España, los productos más perjudicados podrían ser el aceite y el vino, que ya en 2019 estuvieron amenazados con la imposición de aranceles de entre el 10% y el 25% de su valor en aduana.

El Gobierno, en palabras de María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, ha criticado, en más de una ocasión, la actitud de Estados Unidos llegando a afirmar, cuando el Consejo de Ministros aprobó la tasa Google, que “el señor Trump no puede convertirse en un dirigente que diga a los países de la UE lo que tienen que hacer. Europa no va a dejar que ninguna potencia la chantajee”.

No obstante, en una carta enviada a Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, María Jesús Montero, junto a sus homólogos de Francia, Italia y Reino Unido, ofrecía ralentizar su aplicación y se abría a negociar el mismo.