Europa tendrá tasa Google en 2023
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Así lo han decidido lo jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la celebración del Consejo Europeo el pasado fin de semana. La intención es que se comience a debatir durante el primer semestre de 2021 para que entre en vigor el 1 de enero de 2023 a más tardar.
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El martes por la noche, y tras cinco días de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para crear un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19, con España e Italia como dos de los países más golpeados por la pandemia. En total, España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones de euros serán ayudas a fondo perdido.
Más allá de la aprobación de los fondos de reconstrucción, el Consejo Europeo también sentó las bases de otros aspectos relacionados con la fiscalidad europea, y, uno de ellos será el impuesto digital, también conocido como tasa Google.
Tal y como publica El Español, la tasa Google será implantada en Europa en 2023 a más tardar. Concretamente, las negociaciones comenzarán a lo largo del primer semestre de 2021.
La implantación de un impuesto digital no es nueva. Hace casi dos años, los países miembros de la UE trataron de alcanzar un acuerdo que, finalmente no se alcanzó a pesar de que contaba con el apoyo de Francia (uno de sus principales defensores), Alemania, España o Italia. En ese momento se impuso el veto de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia, quienes consideraron que cada vez existen menos barreras entre los negocios digitales y físicos, o que gravar este tipo de actividades perjudicaría al resto de la economía.
La OCDE también lleva desde el año pasado negociando un modelo de impuesto digital común para todos los países miembros, un acuerdo que se resiste principalmente por la negativa de Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos ha lanzado amenazas veladas (y también muy directas) a varios países europeos sobre la posibilidad de imponer sanciones a aquellos que quieran intervenir fiscalmente a sus grandes firmas tecnológicas. Su intención parecía ser bloquear iniciativas como la lanzada por Francia, que ya se ha paralizado, y las que se han puesto en marcha desde otros países como España, Italia o Reino Unido.
