Vía libre para la tramitación parlamentaria de la Ley General de Telecomunicaciones

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Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones inicia su tramitación parlamentaria. Con ella, se transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, por el que la Comisión Europea había emprendido acciones contra 19 países, entre ellos España.

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El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Esta norma, junto con la Directiva de Servicios Audiovisuales, debía haberse trasladado a los ordenamientos jurídicos locales a finales de 2020, por lo que Bruselas ya había emprendido acciones contra 19 Estados miembro, entre ellos España

El texto normativo, que inicia ahora su trámite parlamentario, introduce medidas como, por ejemplo, la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT); la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil.

Ahora el proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.

El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de co-inversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas. También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells), necesarias para 5G, con muchas menos cargas administrativas y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico. 

Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea recientemente adoptada. Esto impulsará la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación.

Además, el proyecto de ley establece, por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español. Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
En línea con la Directiva comunitaria, el proyecto de ley establece una clasificación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas más adecuada a la realidad del mercado. Así, se regula a los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Estos servicios asumen obligaciones como la comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También deberán garantizar la integridad y seguridad de sus servicios y tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Derechos de los usuarios
El proyecto de ley refuerza los derechos de los usuarios españoles, que se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Entre otras medidas, se mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que, tras ese período, el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización. Por primera vez se regulan los contratos de paquetes de servicios, de especial importancia, ya que representan la inmensa mayoría de las suscripciones de los hogares en España. 

Con esta nueva regulación, el usuario verá que su contrato de telecomunicaciones, aunque incluya otros servicios como, por ejemplo, televisión, se trata de manera uniforme sin que se le apliquen distintas normativas sectoriales. 

En el ámbito de la portabilidad, se introducen nuevos derechos de los usuarios, como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato; y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.

También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, algo especialmente importante para eliminar brechas digitales. El proyecto de ley introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos y acceso.

El servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros.

También se eliminan elementos obsoletos como las cabinas telefónicas o las guías, y se refuerza la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee.

Comunicaciones de emergencia
Por último, se establecen mejoras en las comunicaciones de emergencia. Se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas en situación de emergencia que efectúan llamadas al 112. 

El proyecto de ley establece que el acceso a los servicios de emergencia para los usuarios con discapacidad debe ser equivalente al que disfrutan el resto de usuarios. También incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso. Así, los operadores deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.