La futura Ley de los Mercados de Valores adaptará el marco legal a las nuevas realidades tecnológicas

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El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de Ley de los Mercados de Valores, con el que pretende adaptar el marco legal financiero, vigente desde 2015, a las nuevas realidades tecnológicas y económicas, fundiendo en un solo texto directivas europeas y reglamentos para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores. Uno de los puntos que incluye es la regulación de los criptoactivos.

En este sentido, la norma incluye en su ámbito de aplicación cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo, es decir, que esté representado mediante tecnología de registro distribuido.

El Gobierno ha incluido un régimen de infracciones y sanciones contemplados en los borradores europeos más actualizados que se están negociando en Europa para que, desde el momento en que entre vigor el reglamento europeo MiCa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tenga las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito, y esté preparada para empezar a tramitar sanciones .

Además, se incorporan las previsiones para la aplicación del Reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (blockchain) en las infraestructuras de mercados de valores, que permitirá utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen de actividad. En el proyecto de Ley se incluyen las condiciones y obligaciones que deben cumplirse para constituir y registrar criptoactivos sujetos a la normativa del mercado de valores.

Con la reforma también se quiere adaptar el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. En este punto, el proyecto que se va a tramitar en el Parlamento, incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas cuyo propósito es conseguir capital para la potencial compra de una futura empresa o startup, que son denominadas SPAC. Su propósito es garantizar las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas.

Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

Además, se establece un régimen prudencial para empresas de servicios de inversión (ESI), añadiendo la Directiva 2019/2034, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y proteger al inversor. En este sentido, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI, y se define un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.