La Comisión abre procedimiento a España por no trasponer la nueva norma de comunicaciones electrónicas

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La Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra España y 23 países más por no haber traspuesto las nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones dentro de la fecha establecida como límite: el pasado 21 de diciembre. Solo Grecia, Hungría y Finlandia han notificado a la Comisión que habían adoptado todas las medidas necesarias para trasladar a su ordenamiento jurídico el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

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Dentro de la Europa de los 27, nada menos que 24 países se han retrasado en la transposición a su legislación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas que, como su nombre indica, moderniza el marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas para mejorar las opciones y los derechos de los consumidores, por ejemplo, garantizando contratos más claros, la calidad del servicio y unos mercados competitivos. El código también garantiza unos servicios de comunicación de más alto nivel, incluidas unas comunicaciones de emergencia más eficientes y accesibles.

Además, permite a los operadores beneficiarse de normas que incentivan las inversiones en redes de muy alta capacidad, así como de una mayor previsibilidad normativa, lo que facilita servicios e infraestructuras digitales más innovadores.

Tras su entrada en vigor en diciembre de 2018, la fecha límite para trasladar sus directrices a los ordenamientos jurídicos nacionales era el pasado 21 de diciembre de 2020, pero solo Grecia, Hungría y Finlandia han hecho los deberes y han podido notificar a la Comisión que habían adoptado todas las medidas necesarias para incorporar la Directiva a su legislaciones.

Por tanto, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, y Suecia pidiéndoles que adopten y notifiquen las medidas pertinentes. Los Estados miembros disponen de dos meses para responder.