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España podría tener que pagar 8,9 millones de euros por no trasponer una ley de protección de datos

  • Seguridad

Justicia mazo

La Comisión Europea ha decidido llevar a Grecia y España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no trasponer las normas europeas de protección de datos personales en el ámbito penal. La multa podría ascender a 8,9 millones de euros.

La Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal tenía que haber sido trasladada a la legislación nacional el 6 de mayo de 2018 y así lo hicieron todos los países excepto Grecia y Portugal.

Ahora la Comisión Europea ha decidido llevar este asunto ante la justicia europea y pide al Tribunal que imponga a una multa que podría conllevar el pago de 8,7 millones de euros.

La Comisión recuerda  en un comunicado que el objetivo de la Directiva es garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales y facilita el intercambio de datos entre las autoridades policiales nacionales, ya que establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Además, garantiza que los datos de las víctimas, los testigos, los sospechosos y los autores de delitos estén debidamente protegidos en el contexto de una investigación penal. Al mismo tiempo,. Estas normas de la UE contribuyen a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia. “Una legislación mejor armonizada también facilita la cooperación transfronteriza entre la policía, los fiscales y los jueces para luchar más eficazmente contra la delincuencia y el terrorismo en toda Europa”, sostiene.

Al no trasponer la Directiva, la Comisión indica que España y Grecia establecen un nivel de protección diferente de los derechos y las libertades de los ciudadanos, lo que obstaculiza “el intercambio de datos entre estos países y los Estados miembros que sí traspusieron la norma. Por eso, la Comisión inició el procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales de ambos países en julio de 2018 y los dictámenes motivados en enero de este año.

Dice también la Comisión que ninguno de los dos países han notificado todavía la adopción de las medidas necesarias para trasponer la Directiva, según un comunicado emitido por la institución.