El sector TIC ya representa el 27% del PIB nacional, según el Barómetro de Economía Digital de AMETIC

La Inteligencia Artificial ya está transformando la economía y el tejido empresarial, pero la verdadera batalla no será únicamente tecnológica. También será económica, laboral y social. Con esta premisa, el Gobierno busca un pacto de Estado para abordar el impacto de la IA y garantizar que los beneficios de esta revolución tecnológica alcancen al conjunto de la sociedad.

El anuncio lo realizó Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante la clausura del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, celebrado en Santander. “En las próximas semanas, el Presidente del Gobierno promoverá la firma de un acuerdo tripartito con los agentes sociales para situar el diálogo social en el centro del desarrollo tecnológico”, aseguró.

El futuro acuerdo pretende convertirse en un nuevo contrato social en torno a la Inteligencia Artificial y contará con la participación de expertos, empresas y representantes de los sectores científico, educativo y sanitario. La intención es anticiparse a los cambios estructurales que la IA está provocando en el tejido productivo y establecer las condiciones para que la transformación digital se desarrolle con criterios de inclusión, cohesión territorial y seguridad jurídica.

 

IA: oportunidad económica y riesgo para la soberanía digital

Carlos Cuerpo planteó durante su intervención dos posibles escenarios ante el avance de la Inteligencia Artificial. En el más optimista, la tecnología permitirá abaratar la investigación, acelerar los diagnósticos médicos y ayudar a las pymes a superar sus problemas de productividad. En el más negativo, la expansión de la IA podría venir acompañada de más desinformación, un incremento de los ciberdelitos y una pérdida de soberanía digital.

La evolución hacia uno u otro escenario no dependerá, según el ministro, del desarrollo tecnológico por sí mismo, sino de la capacidad colectiva para responder a cuestiones como quién controla la tecnología y cómo se distribuyen sus beneficios.

Por ello, el Gobierno defiende que las políticas públicas deben acompañar el proceso de automatización para evitar que se traduzca en destrucción de empleo o en nuevas brechas sociales. El objetivo es que la innovación se convierta en una palanca para elevar los salarios, mejorar la productividad y proteger las instituciones democráticas.

El anuncio llega en un momento de fuerte expansión de la industria digital española.

 

146.660 millones de euros de facturación

El Barómetro de la Economía Digital 2026 de AMETIC cifra en 146.660 millones de euros la facturación del sector digital español en 2025, un 6,4% más que el año anterior. La economía digital representa ya el 27% del PIB nacional y genera 3,11 euros de actividad económica por cada euro invertido.

El sector se ha convertido además en uno de los principales motores de la innovación privada. En 2025 concentró el 20,1% de la I+D+i privada española y generó 842.596 empleos directos de alta cualificación.

La IA generativa, la nube y la ciberseguridad están entre las tecnologías que impulsan esta expansión. España ocupa la séptima posición de la Década Digital europea y es la segunda potencia de la UE en infraestructuras digitales. Las exportaciones de servicios digitales y software alcanzaron los 28.552 millones de euros.

El escenario, sin embargo, presenta algunos desafíos. AMETIC advierte del aumento del déficit comercial TIC, de las dificultades de las pymes para incorporar tecnología y de un descenso del 7,2% en la contratación pública después de la finalización de los fondos Next Generation. Su nuevo Índice de Liderazgo Digital sitúa a España en 67,9 puntos sobre 100 y apunta a la necesidad de mantener el esfuerzo inversor.

 

La amenaza cuántica obliga a acelerar la ciberseguridad

La transformación tecnológica también abre nuevos retos de seguridad. Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, alertó durante el encuentro de la necesidad de preparar los sistemas españoles ante la llegada de la computación cuántica.

El horizonte para que esta tecnología alcance un punto de desarrollo comercializable se ha adelantado, según el consenso técnico citado durante la jornada, de 2050 a 2035. Esto podría poner en riesgo los sistemas actuales de cifrado y obliga a iniciar cuanto antes la migración hacia tecnologías de criptografía postcuántica.

“Debemos actuar ya porque es evidente que actualmente se están recopilando y almacenando datos masivos (harvesting) con el objetivo de desencriptarlos en el futuro cuando la capacidad cuántica esté operativa”, advirtió Antonio Hernando.

El Gobierno plantea una hoja de ruta con horizonte 2030-2031 para migrar los sistemas más expuestos de la Administración General del Estado a soluciones de encriptación postcuántica. El plan contempla un inventario de activos críticos, inversiones en semiconductores y chips cuánticos y el impulso del sector privado mediante regulación y compra pública.

 

Espacio y soberanía tecnológica

La soberanía digital se extiende también al espacio. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, definió el sector espacial como una “infraestructura crítica y estratégica” para la economía, la protección ciudadana y la autonomía geopolítica.

El ecosistema espacial español facturó 1.500 millones de euros en 2025 y crece a un ritmo superior al 15% anual. La inversión en I+D ha aumentado un 60% desde 2018 y España aporta 455 millones de euros anuales a la Agencia Espacial Europea.

En el ámbito regional, Cantabria presentó el Campus Tecnológico Altamira, un proyecto que contempla 3.600 millones de euros de inversión, 500 MW de potencia instalada en 2032 y un centro de supercomputación cuántica.

La clausura del encuentro deja así un mensaje claro: la próxima etapa de la transformación digital no dependerá solo de desarrollar Inteligencia Artificial, computación cuántica o infraestructuras digitales. España tendrá que decidir también cómo quiere utilizarlas, cómo protegerá su soberanía tecnológica y, sobre todo, cómo conseguirá que el valor generado por estas tecnologías se traduzca en productividad, competitividad y progreso para el conjunto de la sociedad.