Hacienda aplaza Verifactu hasta 2028 y el sector reclama una digitalización sin sobresaltos

El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer por tercera vez la entrada en vigor de Verifactu y fijar como nueva fecha octubre de 2028, alineando así su implantación con la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los obligados tributarios. La medida pretende favorecer la máxima convergencia posible entre ambos sistemas desde el punto de vista técnico y normativo.

Verifactu, impulsado en 2023 por la entonces ministra María Jesús Montero, forma parte de la ley antifraude y exige que todas las operaciones registradas en el Sistema Informático de Facturación (SIF) se transmitan en tiempo real a la Agencia Tributaria, garantizando integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos. El software guarda la información directamente en el PDF o ticket y la envía simultáneamente a Hacienda, un cambio profundo respecto al modelo actual de reporte de facturas.

Hasta ahora, la obligatoriedad estaba prevista para enero de 2027 en empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y para julio de 2027 en el resto de autónomos y empresas. El nuevo aplazamiento responde a la necesidad de evitar que pymes y autónomos afronten varias adaptaciones tecnológicas en plazos distintos, especialmente en un contexto donde también se prepara la transición hacia los futuros requisitos europeos de reporte digital derivados de ViDA, obligatorios a partir de 2030.

La decisión ha sido bien recibida por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que recuerda que ya había propuesto una hoja de ruta para coordinar Verifactu, la factura electrónica, el SII y la directiva europea ViDA. También ATA celebró el retraso, calificando la descoordinación previa como un sinsentido operativo” y señalando que la medida aliviará la carga administrativa de los autónomos.

Patronales como Pimec y Cecot habían advertido del coste de los materiales informáticos y del salto en competencias digitales que exige la adaptación, reclamando mayor flexibilidad y transparencia en el calendario. Pimec subraya que el aplazamiento no debe frenar la modernización y anima a las empresas a aprovechar el margen para revisar y actualizar sus sistemas de gestión y facturación.

 

Inseguridad y costes innecesarios

Desde el sector tecnológico, Dojo considera que Verifactu puede ser una oportunidad para simplificar la facturación y automatizar tareas, pero advierte de que la implementación debe realizarse con plazos realistas y una infraestructura pública preparada.

Su director general en España, Javier Jover, señala que “las prórrogas y la incertidumbre regulatoria generan inseguridad y costes innecesarios para pymes y autónomos”. Jover insiste en que exigir la remisión masiva de facturas en tiempo real requiere una capacidad técnica impecable tanto por parte de la Administración como de las soluciones informáticas del mercado. Exponer a los comercios a fallos del sistema o a cambios normativos de última hora, afirma, penaliza la puesta en marcha.

Para una digitalización exitosa, la clave está en la integración total entre terminales de pago y software de facturación, con una arquitectura robusta que automatice la trazabilidad sin alterar la operativa diaria del comercio.