España consolida un modelo de inteligencia artificial confiable, ético y con supervisión humana

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado para su remisión al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La norma adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA) y dota al país de un marco orientado a garantizar una supervisión humana efectiva y un uso seguro y confiable de esta tecnología.

Durante la presentación de la norma, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que la ley sitúa a España como un referente internacional en el desarrollo de una inteligencia artificial ética, humanista y compatible con la innovación. En este sentido, subrayó la capacidad del país para combinar liderazgo tecnológico y regulación avanzada, apoyándose en iniciativas como las fábricas europeas de IA, el proyecto de gigafactoría, empresas tecnológicas especializadas y el desarrollo del modelo de inteligencia artificial en español ALIA.

La futura ley responde al compromiso de reforzar la seguridad en los entornos digitales y establece obligaciones concretas para los responsables de sistemas de IA, especialmente en ámbitos relacionados con derechos fundamentales. Entre otras medidas, incorpora mecanismos de supervisión humana, exigencias de transparencia algorítmica y medidas específicas de protección de menores.

 

Un marco de gobernanza y supervisión coordinado

El texto identifica las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento del Reglamento europeo de IA en España y define el régimen sancionador aplicable. Asimismo, incorpora medidas destinadas a facilitar la adopción responsable de inteligencia artificial en el sector público estatal.

La ley establece un sistema de gobernanza basado en autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado. Los productos sujetos a regulación sectorial —como maquinaria, juguetes, vehículos o productos sanitarios— mantendrán los organismos supervisores ya existentes. En otros ámbitos, como empleo, biometría o educación, la supervisión recaerá principalmente en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el ámbito correspondiente.

Además, se prevén mecanismos de coordinación institucional reforzada y un punto único de contacto para cuestiones de supervisión a través de la AESIA.

 

Sistemas prohibidos y protección de derechos

El Reglamento europeo clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo que representan para las personas y prohíbe aquellos considerados incompatibles con los derechos fundamentales o la seguridad.

Entre los sistemas prohibidos figuran aquellos que utilizan técnicas subliminales para alterar el comportamiento de las personas sin su consentimiento, los que explotan vulnerabilidades derivadas de la edad, discapacidad o situación socioeconómica, o los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles como raza, orientación sexual, religión u opiniones políticas.

También quedan prohibidos los sistemas que asignan puntuaciones sociales a individuos o colectivos para condicionar el acceso a servicios, ayudas o financiación.

La normativa incorpora además nuevas restricciones a los sistemas capaces de generar contenidos sexuales manipulados mediante inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes sexuales”.

 

Régimen sancionador proporcional y flexible

La ley establece un régimen sancionador basado en criterios de proporcionalidad y eficacia, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, con sanciones que podrán alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global en los casos más graves.

El texto contempla mecanismos de flexibilidad para adaptar las sanciones a factores como la gravedad, la reincidencia o la intencionalidad, así como reducciones por adopción de medidas correctoras o pronto pago. También incorpora criterios específicos para proteger a pymes y startups.

 

Inteligencia artificial y sector público

La norma incluye medidas específicas para fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público estatal. Entre ellas, destaca la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la transparencia institucional.

Asimismo, se crea la figura del delegado de IA, responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública relacionados con inteligencia artificial. La regulación de estas medidas se desarrollará posteriormente mediante Real Decreto.

El texto también contempla acciones de formación y sensibilización dirigidas a empleados públicos.

 

Espacios de prueba y desarrollo tecnológico

La ley regula la creación de entornos controlados de pruebas o “sandboxes” para facilitar el desarrollo y validación de sistemas de inteligencia artificial en condiciones supervisadas. El espacio nacional de pruebas previsto por el Reglamento europeo será gestionado por la AESIA.

Además, podrán crearse otros sandboxes sectoriales promovidos por autoridades de supervisión y vigilancia, con participación de los organismos responsables de políticas públicas y protección de derechos fundamentales vinculados a cada ámbito.