Acuerdo político de la UE sobre la Ley de Servicios Digitales

Tras una negociación de 16 horas, Parlamento Europeo y Estados miembros se han puesto de acuerdo en las medidas que incluirá la Ley de Servicios Digitales (DSA), que fue propuesta en 2020 por la Comisión, que no ha tardado en reaccionar al pacto. En un comunicado, la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, ha dicho que “es histórico, tanto en términos de velocidad como de sustancia” y ha destacado que deja claro que “lo que es ilegal off line, tambén lo es online”.

La DSA o Digital Service Act actualizará la normas básicas de todos los servicios online de la UE para garantizar que el entorno digital siga siendo un espacio seguro, con salvaguarda para la libertad de expresión y oportunidades para los negocios en la Red.

En la práctica, persigue una mejor protección de los usuarios de Internet y define un conjunto de normas en el mercado interior de la Unión Europea, para ayudar a las plataformas más pequeñas a crecer. “El acuerdo de hoy, que complementa el acuerdo político sobre la Ley de Mercados Digitales del mes pasado, envía una fuerte señal: a todos los europeos, a todas las empresas de la UE y a nuestros homólogos internacionales”, ha subrayado Von der Leyen.

El nuevo marco en el que operarán los servicios digitales afecta a los derechos y responsabilidades de los usuarios y de los intermediarios online, que incluye los servicios online y las grandes plataformas, como Google, Facebook o Amazon, e incluye mecanismos de lucha y eliminación contra el contenido ilegal.

Servicios de intermediación
La norma define las obligaciones de los servicios de intermediación y sus obligaciones en función de su papel, tamaño e impacto en el ecosistema digital. Esto afecta a los proveedores de infraestructuras digitales, como los proveedores de red y registradores de dominios; servicios de alojamiento, como las plataformas en la nube y servicios de alojamiento web; motores de búsqueda online que utilicen más del 10% de los 450 millones de consumidores de la UE y que, por tanto, tienen más responsabilidad para frenar el contenido ilegal; plataformas online como marketplaces, tiendas de aplicaciones, plataformas de economía colaborativa y plataformas de redes sociales; y grandes plataformas digitales, con un alcance de más del 10% del total de consumidores comunitarios, que podrían presentar riesgos en la difusión de contenido ilegal o nocivo.

Ejemplos concretos
Entre las medidas para hacer frente a los productos, servicios o contenidos ilegales, se incluyen mecanismos para que los usuarios puedan realizar notificaciones y las plataformas cooperen en su eliminación. También se incluyen mecanismos de moderación de contenidos o medidas de transparencia para plataformas online sobre una variedad de temas, incluidos los algoritmos utilizados para recomendar contenido o productos a los usuarios.

Se establecen medidas para evaluar y mitigar el riesgos para las grandes plataformas y motores de búsqueda para para evitar el uso indebido de sus sistemas. Además, deberán someterse a auditorías independientes de sus sistemas de gestión de riesgos. En este bloque se incluyen también mecanismos para reaccionar con rapidez y efectividad ante crisis que afecten la seguridad pública o la salud pública; nuevas garantías para la protección de menores y límites en el uso de datos personales sensibles para publicidad dirigida.

Una vez que el Parlamento y el Consejo den su aprobación formal, la ley entrará en vigor y será aplicable a partir del 1 de enero de 2024.