Digitalizar la salud, la educación y la administración: deberes para la era post-coronavirus

 

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DigitalES ha propuesto una modernización de las políticas públicas, con tres grandes Planes Generales para la E-Salud, la E-Educación y la E-Administración, acompañados de un Plan General de Ciberseguridad. Lo ha hecho tras analizar los factores que determinarán la situación post-pandemia y, a partir de ahí, ha identificado una serie de medidas a corto y medio plazo que ayuden a la recuperación y transformación real del país, ahondando en el papel de las tecnologías digitales y las telecomunicaciones, así como en una serie de incentivos fiscales que promuevan la digitalización.

Junto a todo ello, y entre otras medidas, el documento aboga por el uso de la tecnología para promocionar dentro y fuera de España el turismo, uno de los sectores más afectados.

Medidas a corto plazo
En el apartado de fiscalidad, según esta asociación, es necesario que se incentive el despliegue de redes y de inversión en infraestructuras digitales (ej. Cloud), eliminar o bonificar el impuesto de Construcciones de Instalaciones y Obras para todos los proyectos que se presenten en el 2020 y 2021, bonificar la tasa general de operadores y la tasa de numeración, reducir las tasas del dominio público radioeléctrico y eliminar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de “ITP” sobre las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, así como reducir la tasa de RTVE, suprimiendo el tramo que grava los ingresos de los operadores de telecomunicaciones.

El documento también llama la atención sobre la importancia de evitar la imposición de nuevas figuras fiscales a un sector con una presión enorme, promover créditos blandos y actuar sobre otros impuestos, como el IVA o el IAE.

Es fundamental además adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para completar un ‘level playing field’ que permita competir en el entorno digital en un momento en el que se ha acreditado la importancia de la acometer la digitalización como única manera de asegurar la continuidad de la actividad económica y social en situaciones extraordinarias.

Además, habría que impulsar el acceso y la cobertura de las actuales redes de telecomunicaciones mediante políticas y una regulación que fomente la modernización y despliegue de las infraestructuras nuevas y de las existentes (4G, 5G), con la inversión en el sector, especialmente en el caso de la disponibilidad de fondos públicos para la extensión de las infraestructuras digitales a las zonas rurales.

El fomento del teletrabajo mediante la eliminación de la obligación de registrar y controlar el horario laboral del personal y la adopción de acciones específicas y ayudas a PYMES que carecen de la infraestructura tecnológica necesaria son otras de las medidas propuestas.

A esto se suma la necesidad de crear valor e innovar, potenciando el atractivo de España como país innovador donde se ubican centros internacionales de experiencia, conocimiento y desarrollo de empresas multinacionales del sector tecnológico y promoviendo créditos específicos para la innovación post-COVID19, con mayor inversión pública y privada en I+D+i.

e-Salud y e-Educación
En cuanto al Plan General de e-salud, el objetivo es impulsar la creación de un big data sanitario a nivel nacional, impulsado por el Ministerio de Sanidad con la participación de todas las comunidades autónomas. Ello facilitaría la migración de la Sanidad tradicional a la e-salud asegurando las infraestructuras hardware y software necesarias en los centros sanitarios, la formación del personal administrativo y sanitario y el acceso a la tecnología de las familias, especialmente las más desfavorecidas.

Por su parte, el Plan General de e-Educación busca la migración de la escuela tradicional a la e-educación asegurando las infraestructuras hardware y software necesarias en las escuelas, la formación del personal administrativo y docente y el acceso a la tecnología de las familias, especialmente las más desfavorecidas, mediante plataformas tecnológicas y la formación y capacitación de las personas, así como acciones formativas en ciberseguridad (en colaboración con los agentes económicos y la empresa privada).

Junto a ambos, se apuesta por un Plan General de e-Administración, que instaure una política de ‘cloud first’ para la contratación de servicios TIC de las Administraciones Públicas. Se deben implantar y potenciar los canales digitales (atención al ciudadano y gestión interna de procesos) de las administraciones públicas. En este apartado figura la implantación de una Plataforma nacional, única, innovadora e integradora de servicios públicos 4.0, financiada por la administración. Esta plataforma estará abierta a la administración, las empresas y a la ciudadanía.

Es necesario además impulsar la aplicación de la Ley 39/2015 y aprovechar las ventajas de las tecnologías más innovadoras como Blockchain y facilitar a los ciudadanos trámites con las Administraciones Públicas permitiendo llevarlos a cabo de manera telemática (por ejemplo, pagos electrónicos en la Administración).

Las medidas a corto plazo se completan con un Plan General de Ciberseguridad, promocionando la concienciación y la adopción de medidas de ciberseguridad tanto para pymes como particulares.