El Consejo de Ministros aprueba al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de Justicia
- Estrategias digitales
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que tiene como objetivo impulsar su digitalización para garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
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El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de los Servicios Públicos de Justicia, futura norma que, al concluir su trámite, establecerá un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, al regular los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
La ley hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado. “Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2”, ha detallado la titular de Justicia, Pilar Llop.
Con este Anteproyecto se pretende situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea. La ley pretende poner el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado. “Pretendemos situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea", ha subrayado Llop.
Esta norma, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.
Servicio personalizado
La nueva ley reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios. Con este fin, se avanza en el Expediente Judicial Electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la Carpeta Justicia.
La norma refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros.
Así, regula los sistemas de identificación y firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia.
La reforma tecnológica facilitará también la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
Hacia un nuevo modelo
Una de las principales novedades que contiene la ley es la transición de una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato. Esto permitirá, a través de un análisis estructurado de la multitud de datos que genera la Administración de Justicia, y a través de la cogobernanza del dato, realizar un óptimo diseño de políticas públicas.
El Anteproyecto introduce además numerosas medidas que responden a reivindicaciones de los operadores jurídicos y que contribuyen al bienestar de los trabajadores de la Justicia, como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.
La norma fortalece la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
Asimismo, recoge expresamente las relaciones e interoperabilidad de la Administración de Justicia con los sistemas de digitalización del país, como los sistemas de comunicación con el resto de administraciones públicas o los sistemas generales de servicios a los ciudadanos.
También favorece un modelo co-gobernado de los sistemas de información, respetando la autonomía y competencias de los sistemas de las Comunidades Autónomas.
“Esta ley no deja a nadie atrás y salda una deuda pendiente con la Administración de Justicia y su eterna modernización, que nunca llegaba, así como con su transformación en un recurso universal en términos de accesibilidad. Asumimos con éxito los retos de la transformación digital en el marco de la Justicia española y avanzamos en calidad democrática", ha concluido la ministra.
